Oídos sordos. La Conselleria de Infraestructuras no se dio ayer por aludida y optó -enésima vez desde que Isabel Bonig gestiona la adjudicación de la Línea 2 del tranvía- por el silencio, y un escueto "sigue tramitándose", como respuesta a la pregunta sobre cómo está el proceso para poner en marcha la conexión tranviaria entre Alicante, su Universidad y San Vicente del Raspeig. Una línea cuya construcción constó más de 100 millones de euros, que lleva casi dos años terminada y cuyo mantenimiento supone un desembolso de 25.000 euros mensuales.

Infraestructuras optó por el silencio pese a que desde ayer, en el proceso para ponerla en marcha, pesa ya como una losa el informe de un profesor de Transportes y Ordenación del Territorio de la UA, que sostiene que el diseño del trazado impide que la línea pueda ser operativa para captar viajeros al autobús urbano, sobre todo usuarios de los barrios del norte de Alicante. Postura que, no obstante, rechazaron fuentes conocedoras de proyecto original, aunque declinaron hacer declaraciones porque Valencia impone el silencio total.

Los que sí tienen claro que la Línea 2 debe ponerse en marcha son los miembros del comité de empresa de Ferrocarriles de la Generalitat (empresa que prevé despedir a 450 trabajadores), y de la Plataforma por la Movilidad. "La linea está terminada y debe ponerse en marcha con gestión pública", subrayaron.