La Generalitat ha presentado este año expedientes de regulación de empleo (ERE) en siete empresas públicas, cinco de los cuales ya están cerrados y afectan a 1.995 trabajadores, y dos están actualmente en negociación y se han planteado sobre 481 empleados públicos.
De los ERE ya cerrados, el de mayor cuantía de afectados es el de Radiotelevisión Valenciana (1.198 trabajadores, el 70'6 % de la plantilla), seguido de Vaersa (402, el 27'9 %), el IVVSA (199, el 60'4 %), CACSA (141, el 43'3 %) y Ciegsa (55, el 61'1 %).
Actualmente están en negociación el ERE de la Agencia Valenciana de Movilidad, planteado para 31 trabajadores (el 79'4 % de la plantilla) y el de Ferrocarrils de la Generalitat, para 450 empleados, el 25 % del total.
El primer ERE empezó en marzo, cuando el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) comunicó el inicio de un ERE para 252 trabajadores de una plantilla de 328, basado en razones productivas, organizativas y económicas y para adecuar el personal al fin "más social" de la empresa, que finalmente afectó a 199 empleados, el 60'6 %.
El IVVSA ha abandonado las líneas de negocio vinculadas a desarrollo de suelo y promoción de viviendas, para centrarse en potenciar el alquiler de viviendas para familias con riesgo de exclusión social.
En julio, un centenar de trabajadores del IVVSA presentó demandas individuales en varios juzgados de lo social de Valencia y Alicante contra ese ERE, al considerar que hubo "fraude de ley y ausencia de buena fe" en la presentación del expediente.
En junio, la empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat (CIEGSA) presentó un ERE que se aprobó un mes después y que afectó a 55 de sus 90 trabajadores, el 61'1 % de la plantilla.
En julio, Radiotelevisión Valenciana (RTVV) anunció un ERE por criterios "estrictamente económicos" que afectaría a un máximo de 1.295 de trabajadores de una plantilla de 1.695.
Finalmente, en agosto el consejo de administración de RTVV aprobó de madrugada un ERE para máximo de 1.198 empleados (el 70'6 % de la plantilla) que supondrá un ahorro de entre 40 y 42 millones de euros para las arcas públicas, contra el que cuatro sindicatos han presentado demandas colectivas.
El ERE en RTVV, que concluirá el 31 de agosto de 2013, empezó a aplicarse el 30 de noviembre, cuando 53 trabajadores -los que se han acogido de forma voluntaria al ERE y personas en excedencia sin reserva de plaza- abandonaron sus puestos de trabajo.
En septiembre, los empleados de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) ratificaron un ERE para 141 de los 325 trabajadores (el 43'3 %) tras un acuerdo con la empresa que rebajaba las cifras planteadas a finales de julio con el fin de adecuar la estructura al contexto económico, que afectaban a la mitad de la plantilla.
Esta semana ha concluido sin acuerdo la negociación del ERE de la empresa pública Vaersa (Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos SA), que supondrá el despido de 402 trabajadores, el 27'9 % de la plantilla, formada por 1.441 personas repartidas en varias Consellerias.
Este ERE que se planteó a principios de noviembre para 439 empleados por causas organizativas y productivas, debido a la reducción presupuestaria que ha experimentado la empresa pública.
Los últimos ERE iniciados, y que actualmente están en fase de negociación, corresponden a la Agencia Valenciana de Movilidad (AVM), planteado para 31 de los 39 trabajadores (el 79'4 %), y a Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), que afectará a 450 trabajadores -el 25 % de la plantilla- de Metrovalencia y el TRAM (Metropolitano de Alicante).
