El auto de Ceres contempla el archivo de la causa por financiación irregular contra cinco imputados al no estar acreditada su participación en los hechos. Entre otros, sale indemne la exdirectora general de Promoción Institucional de Presidencia de la Generalitat, Dora Ibars, quien fue destituida por el Consell hace poco más de un mes. En concreto, su cese fue aprobado en el pleno del Ejecutivo el pasado 26 de octubre en una decisión que generó malestar en el ámbito interno de la Generalitat ya que Ibars era una persona muy apreciada en el partido y en el segundo escalón. Fabra mantuvo durante meses a Ibars a salvo de su doctrina contra la corrupción. Sin embargo, las decisiones adoptadas contra los altos cargos salpicados en la causa Cooperación y así como las medidas contra los diputados imputados precipitaron el cese. Hubo presiones internas, ya que los afectados exigían que se aplicara la misma vara de medir para todos. Un mes y medio después Ibars está sin mácula, pero en su casa.

El archivo de la causa reavivó ayer el debate interno en el PP valenciano sobre qué hacer con los casos de imputación judicial. Un sector de la organización cree un error que la imputación sea castigada con el relevo o el alejamiento de la primera línea. Estas voces, entre las que destaca la del presidente del PP de Valencia, Alfonso Rus, entienden que la imputación no presupone condena y que se puede injustamente acabar con la carrera política del afectado. Para este sector del partido habría que esperar a que los tribunales resolvieran los casos, ya que una vez el cargo es destituido ya es muy difícil recuperar el crédito perdido.

Lo cierto es que ayer muchos en el partido pensaban que Fabra estaba llevando muy lejos su doctrina y se preguntaban si ahora el Consell debería nombrar de nuevo a Ibars. Sin abrazar la tesis de Rus, destacados diputados apuntaban ayer que lo más acertado sería que el presidente tomara decisiones en función de la gravedad de cada caso y de los indicios que se puedan tener.

Mandato de Génova

Los estatutos del partido sólo hablan de apertura de expediente informativo en el caso de que se produzca una imputación judicial. Fabra, sin embargo, adoptó un compromiso mayor de "tolerancia cero" contra la corrupción, en buena parte empujado por la dirección nacional del PP que cuando cogió las riendas de la Generalitat y la organización le exigió medidas contundentes para "limpiar" la imagen del partido en la Comunidad. Fabra asume en círculos privados que su doctrina puede ser a veces injusta, pero se justifica en que no puede dar marcha atrás ante Génova ni ser incoherente.

Por su parte, la exalto cargo rehusó ayer hacer declaraciones, pero mostró su alegría por el auto.