El magistrado José Ceres, instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ha cerrado la pieza abierta por supuestos contratos irregulares de Fitur con el procesamiento del exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla y de las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such. El magistrado ha apreciado indicios de que los tres exdirigentes del Consell podrían haber cometidos delitos continuados de tráfico de influencias y prevaricación. Además, considera que Milagrosa Martínez, actual alcaldesa de Novelda y también expresidenta de las Cortes, y Angélica Such también podrían haber cometido otro delito de cohecho pasivo. Ceres dio ayer diez días a la Fiscalía y al PSPV, que ejerce la acusación popular, para que soliciten la apertura de juicio oral y formulen sus escritos de acusación. El cierre de la instrucción de la pieza de los contratos irregulares coincide en el tiempo con el primer aniversario del inicio del juicio que sentó en el banquillo al expresidente Francisco Camps y al exnúmero dos del PP Ricardo Costa por el asunto de los trajes del que un jurado popular les absolvió.
El juez mantiene abierta las otras dos piezas de Gürtel que tienen que ver con la supuesta financiación ilegal del PP. Una de las piezas es por un presunto delito electoral por las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y la otra por supuesta financiación ilegal en periodo no electoral.
El auto notificado ayer, de 153 páginas, analiza las adjudicaciones del stand de Fitur entre los años 2005 y 2009 a Orange Market y concluye que hay suficientes indicios para procesar a los líderes de la trama Gürtel y a los responsables de la Conselleria de Turismo y al exvicepresidente Rambla, todos ellos diputados autonómicos. El magistrado también procesa a Rafael Betoret (exjefe de gabinete de Turismo y condenado por el asunto de los trajes tras admitir los regalos); a Isaac Vidal (exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo y actual gerente de Turismo del Ayuntamiento de Elche) y a Ana Grau (coordinadora de ferias en la Agencia) como partícipes de un delito continuado de tráfico de influencias y otro continuado de prevaricación. A Betoret, Vidal y Jorge Guarro (jefe del servicio de promoción de la Agencia) les ha imputado un delito continuado de malversación de caudales públicos; y a Grau y a Vidal, un delito de falsedad en documento oficial. El magistrado ha procesado a Francisco Bober (jefe del servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat) por un delito de prevaricación. Por otra parte, el juez ha sobreseído la causa contra Dora Ibars (directora general de Promoción Institucional en Presidencia hasta hace un mes).
El magistrado afirma que los procesados supuestamente favorecieron la adjudicación de los contratos de Fitur a Orange Market mediante aprobación de unos criterios de adjudicación hechos a medida de la firma. El auto apunta que hubo una "drástica alteración" en los pliegos de adjudicación a partir del año 2005, "primando una descripción de criterios con amplias dosis de ambigüedad e indefinición".
El juez incide en que esta preparación de los criterios ad hoc constituiría un delito de prevaricación. El magistrado añade que de la instrucción realizada se ha constatado una relevante "pluralidad de irregularidades en la contratación administrativa objeto de investigación, en la facturación así como la existencia de relaciones personales no habituales entre un adjudicatario y funcionarios o autoridades" y advierte de que indican "la existencia de una voluntad de favorecimiento en la adjudicación del concurso". Los tres principales procesados fueron relevados en octubre de los cargos que ostentaban en la dirección parlamentaria.
