La consellera de Educación, María José Catalá, anunció ayer que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha aceptado que la lengua y literatura valenciana "se incluya en la evaluación final de ESO y Bachillerato" y será evaluada "en la misma proporción que la castellana", tal y como le había solicitado la consellera en la Conferencia Sectorial de Educación que tuvo lugar ayer por la tarde en Madrid y en la que Wert presentó a las comunidades autónomas el proyecto educativo del Gobierno. Catalá se mostró "muy satisfecha, ya que en la reunión se han escuchado las solicitudes de la Comunidad" y además confirmó que esta prueba puntuará "exactamente igual en valenciano que en castellano".

Al margen de esta cuestión, Catalá consideró ayer que la propuesta de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, "respalda el sistema plurilingüe implantado este curso en la Comunidad", al tiempo que se felicitó de que "la ley contemple la reivindicación de la Comunidad y de los profesionales de la educación de dar más autonomía a las comunidades autónomas y a los centros educativos". Según precisó, "esto nos permite tener unas asignaturas troncales y diseñar otras que hemos defendido como cultura clásica, economía, música y emprendedurismo de forma transversal".

La petición de la consellera a Wert, paliaría en parte la situación en la que queda el valenciano en la nueva reforma educativa de Wert, reforma que ha tenido una gran contestación por parte de algunas autonomías y que prevé que el castellano y la primera lengua extranjera se consideren troncales pero no las lenguas autonómicas cooficiales, que serán materia de especialidad aunque de estudio obligatorio. El ministerio pretende garantizar la enseñanza del castellano, de forma que los padres que quieran que sus hijos estudien en castellano en cualquier punto de España, puedan escolarizar a sus hijos en centros privados si no hay plaza de castellano en la pública y la propia comunidad autónoma sufragaría los gastos de escolarización.

El proyecto de la reforma educativa ha sido duramente criticado por sindicatos y asociaciones de padres de la provincia que consideran que la ley pone en peligro al valenciano. A juicio de Gonzalo Zaragoza de la FAPA Enric Valor, "Wert no entiende la diversidad cultural ni la España de las autonomías. Tenemos un país que tiene varias lenguas afortunadamente y en vez de abanderar esa riqueza cultural, lo que hace es enarbolar la bandera del nacionalismo español más recalcitrante creando un enfrentamiento en la sociedad que no existe". Para Zaragoza, "nosotros tenemos un sistema más flexible que el catalán, pero también tiene una línea de inmersión lingüística para compensar la falta de exposición al valenciano de alumnos en algunas zonas. Ese sistema es eficaz y se lo quieren cargar. En vez de actuar como moderador, Wert actúa de pirómano echando más leña".

Desde la FAPA Gabriel Miró, Ramón López señaló ayer que "siempre hemos defendido el hecho diferenciado de las comunidades con dos lenguas oficiales. Esa reforma no es la que nosotros hubiéramos querido", y censuró que "a los consejos escolares se les quita competencias y se transforma en un mero órgano consultivo".

La Confederación Gonzalo Anaya de asociaciones de padres de alumnos de la Comunidad denuncia que la reforma, supone "un ataque sin precedentes a la educación pública y en valenciano" ya que, a su juicio, para garantizar el dominio de las dos lenguas cooficiales de la Comunidad, las horas lectivas impartidas no pueden tener "proporcionalidad equilibrada" como señala el ministro, porque el valenciano "no tiene la misma consideración y uso que el castellano".

Sin horas mínimas

Igualmente, los sindicatos de la enseñanza se mostraron ayer muy críticos con la reforma de Wert. Desde el STEPV, se explicó ayer que en el anteproyecto de LOMCE hay tres tipos de asignaturas: "Troncales, con un mínimo del 50 % del horario; específicas, con un máximo del 50 % del horario; y de especialidad, de las cuales no se especifica un horario. Dado que la asignatura de valenciano queda clasificada como de especialidad, no tendrá un mínimo de horas asegurado porque habrá de competir con las específicas", añade el sindicato.

Desde UGT, Javier Zurita ha indicado que "el problema no es estudiar en castellano y valenciano, sino que el modelo restringe las competencias de las autonomías para proteger la lengua propia y eso va a suponer un recorte y va a dificultad que ese programa bilingüe de la Generalitat se ponga en funcionamiento porque quedará desatendida la protección y el fomento del valenciano".

Paco García de CC OO señaló que "en la nueva ley se habla de que es importante garantizar la enseñanza del castellano. Aquí nunca se ha dejado de garantizar. Lo de que el castellano está perjudicado sólo está en la mente de tres o cuatro familias. Esto es un análisis populista y reaccionario".

Por su parte, el sindicato ANPE manifestó ayer en un comunicado que "no nos parece acertado que en aquellas comunidades que posean dos lenguas cooficiales, en el caso de no existir oferta pública o concertada en la lengua vehicular elegida, los padres puedan optar por escolarizar a sus hijos en centros privados, correspondiendo a la administración educativa sufragar los gastos de escolarización. Reconocemos el derecho que asiste a los padres, pero rechazamos que se haga a beneficio de los centros privados".