La magistrada que instruye la causa contra el exconseller Rafael Blasco en el Tribunal Superior de Justicia, Pía Calderón, ha suspendido todas las declaraciones previstas para este mes para evitar una posible nulidad de las actuaciones tras quejarse algunos abogados de indefensión. El fiscal pidió ayer por escrito el aplazamiento tras las advertencias de los abogados de que se estaba produciendo la indefensión de sus clientes. Los letrados protestaron enérgicamente el miércoles pasado durante el interrogatorio del interventor de Estado que peritó para el juzgado las ayudas que percibió la ONG Cyes porque no tenían acceso a los documentos que avalaban sus conclusiones. Los abogados también se han quejado de que en el Tribunal Superior de Justicia falta documentación esencial de la parte de la causa que ha dejado de ser secreta.
Los letrados ya pidieron a la magistrada que se suspendiera la declaración del interventor del Estado Joaquín Falomir porque se presentó en el Tribunal Superior de Justicia sin los documentos que avalaban su informe. El fiscal se opuso en ese momento al aplazamiento y algunos abogados alertaron de que sin los documentos no estaba garantizado el derecho a la defensa. Al final, el interventor del Estado solo contentó a las preguntas de la juez y el fiscal. Los abogados indicaron a Pía Calderón que hasta que no tuvieran la documentación no iban a formular preguntas y la juez acordó que el interrogatorio continuaría otro día.
La magistrada dictó ayer un auto en el que le da tres días de plazo a Joaquín Falomir para que presente toda la documentación. El interventor del Estado que peritó las ayudas a la Fundación Cyes -que no tiene relación con la constructora del mismo nombre- desmontó la tesis que defendió el exconseller de Solidaridad Rafael Blasco de la compra de inmuebles en Valencia con dinero de Cooperación en 2010. Blasco reconoció en su día que la ONG había adquirido los pisos, pero aseguró que lo había hecho con su propio dinero. Joaquín Falomir se ratificó en su informe y aseguró que la Fundación Cyes "no pudo financiar las facturas de los inmuebles adquiridos".
Los letrados de las diferentes partes que concurren al proceso tampoco tienen acceso a algunos informes policiales que han dejado de estar bajo secreto y otras pruebas periciales. La magistrada también ha pedido que se verifique que toda la documentación solicitada por el juzgado de Instrucción número 21 -que el que asumió el caso hasta que pasó al TSJ- está aportada a la causa. Las partes también están esperando el contenido de la declaración que prestó la testaferro de Tauroni en Estados Unidos, Irene Navarro, ante la magistrada en Florida.
El PSPV formaliza una querella completa para poder personarse en la causa
El PSPV ha presentado una querella completa para poder personarse en la causa de la Cooperación. El TSJ todavía no ha admitido la querella, pero la formación está convencida de que podrá entrar en la causa tras haber sido rechazada su personación como acusación popular. La titular del juzgado de Instrucción número 21, Nieves Molina, advirtió hace unos meses al PSPV que para personarse tenían que presentar una querella completa. El letrado del PSPV formalizó la querella la semana pasada y la presentó ante el TSJ.
