La Junta de Gobierno Local aprobó ayer la adjudicación a Enrique Ortiz del contrato de limpieza de dependencias municipales y colegios por un coste de 17,8 millones de euros para los próximos dos años -con posibilidad de prorrogarlo durante dos más-. Un coste que, según un informe de los técnicos del área de Hacienda incumplía la directriz de rebajar el precio en un 20% con respecto a lo presupuestado en el año anterior y que, según defienden desde el área de Atención Urbana, supone una disminución es de un 27,7% teniendo en cuenta el coste total del servicio, incluidos todos los servicios extraordinarios. Ayer, el concejal de Hacienda, Juan Seva, se vio entre la espada y la pared al tener que aclarar si la nueva adjudicación a Ortiz cumple o no con la directriz municipal y se decantó por validar los datos de su compañero de equipo, el concejal Andrés Llorens, al asegurar que "el objetivo" es reducir un "20% el coste real con respecto al último ejercicio" y consideró que los datos facilitados por uno de los técnicos de Atención Urbana "lógicamente deben de ser buenos".

Llorens aseguró que la nueva contrata se ha blindado contra los sobrecostes y aseguró que el precio no se verá incrementado en los próximos años incluso si se abren nuevas dependencias que haya que limpiar. Ni Llorens ni Seva aclararon si ese blindaje se aplicará también a la mayor contrata municipal, la de limpieza y recogida de residuos, que está a la espera de salir a licitación. La Junta, como ya avanzó este diario, también rechaza las alegaciones presentadas por una de las tres empresas que optaba al concurso.

En el expediente se incluye un informe jurídico que considera que se debería haber realizado una "más extensa motivación" sobre la necesidad de contratar el servicio, en lugar de asumirlo con medios municipales como proponen PSOE y EU, que ayer anunció que recurrirá la adjudicación. Por su parte, desde el PSOE critican el "peso de los criterios subjetivos" en la adjudicación a Ortiz.

Por otro lado, la Junta aprobó el convenio entre Ayuntamiento y Consell para facilitar el acceso a las viviendas públicas vacías del IVVSA o municipales a las personas desahuciadas, tal y como avanzó este diario. EU critica que no se haya tenido en cuenta a la comisión sobre desahucios que el pleno acordó crear el viernes muestra su "preocupación" por que el IVVSA pueda desahuciar a actuales inquilinos para alojar a otras familias.