Las aguas bajan revueltas para el jefe del Consell, Alberto Fabra. Las palabras, gestos y movimientos de sus compañeros de partido y de gobierno han terminado por ponerle contra las cuerdas en los últimos meses una vez tras otra forzando, el pasado viernes, a tener que afrontar la dimisión del exconseller de Hacienda, José Manuel Vela, en plena tramitación de los Presupuestos autonómicos. La causa, la filtración del informe de la Intervención General de la Generalitat relacionado con la trama de las ONG al exportavoz del PP en las Cortes Rafael Blasco -imputado por esta causa-, quien contó con dicho documento antes que el propio juzgado que lo reclamaba.
La presión del caso Vela llovía sobre mojado en un escenario político en el que los traspiés de diputados, técnicos y consellers han saltado sin tregua a los titulares de los medios de comunicación.
Des esta forma, la captación de las instantáneas en el hemiciclo autonómico mostrando la secuencia de cómo el titular de Hacienda se levantaba y hacía llegar a Blasco un sobre y la posterior lectura por parte del exportavoz popular del informe relativo a la causa de las ONG en su mismo escaño hicieron temblar los cimientos del Consell. Más aún tras conocerse la petición del juzgado a la Fiscalía para que investigara este hecho por un delito de revelación de secretos, que dio paso a la imputación del conseller y a su decisión de dimitir.
Por si la salida de este alto cargo no fuese suficiente, Fabra sumaba pocas horas después de la renuncia la sentencia condenatoria impuesta al exalcalde de Torrevieja y diputado autonómico del PP Pedro Ángel Hernández Mateo a tres años de prisión y siete de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad documental por la adjudicación del servicio municipal de recogida de basuras en el año 2004. Una resolución judicial en la que se apunta la culpabilidad del exprimer edil por manipular el proceso de adjudicación de este servicio, valorado en 97,8 millones de euros, a la UTE "Necso Entrecanales-Grupo Generala de Servicios".
Redes sociales
A este vaso desbordado también aportó su contribución unos días antes la diputada y exalcaldesa de Aigües Pilar Sol, quien en el marco de la Comisión de Política Social de las Cortes encendió los ánimos de la oposición y por extensión de las redes sociales al advertir de que muchas personas de la Comunidad destinan el subsidio de la "Renta Garantizada de Ciudadanía que perciben a comprar televisores de plasma y otras cosas no apropiadas".
Las palabras de Pilar Sol obligaron al jefe del Consell a tener que pedir perdón públicamente insistiendo en que "fueron unas declaraciones muy desafortunadas", ya que faltaron "al respeto de tantas y tantas personas que lo están pasando mal".
Las disculpas del mandatario autonómico supieron a poco a los grupos en la oposición que aprovecharon el incidente para refrescarle a Fabra la memoria poniendo de nuevo sobre la mesa la intervención de la diputada nacional del PP por Castellón Andrea Fabra, quien ante el anuncio de recortes en las ayudas a los parados por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso pronunció la frase "que se jodan".
Comparaciones con Sicilia
La lista de tropiezos también guardó hueco para el conseller de Economía, Máximo Buch, quien apostó por las comparaciones y, con el objetivo de ensalzar la labor de Fabra en la lucha contra la corrupción, acabó por señalar ante un foro empresarial que hubo un tiempo "en el que la Comunidad parecía Sicilia". Un capote en el que acabó enredando otra vez al presidente de la Generalitat situándole de nuevo ante el bombardeo de la prensa para comprobar si compartía las declaraciones de Buch sobre la etapa anterior del expresidente Francisco Camps, punto que Fabra sorteó entre matizaciones y frases que volvieron a situarle en terreno pantanoso.
El jefe del Consell izó así la bandera de la corrupción cero y afirmó que actuará "con mano dura" para que "cualquier persona que se vea inmersa en un proceso judicial o esté imputado" no tenga responsabilidades ni el partido ni en el gobierno. Unas declaraciones que la oposición convirtió en exigencias de actuación ante casos como el de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, -inmersa en la rama del caso Brugal que investiga irregularidades en el PGOU de la ciudad-, o el propio exportavoz del PP y diputado, Rafael Blasco.
Sin dejar demasiado lejos el departamento de Hacienda, Fabra afrontó otro momento de alta tensión, cuando a finales de octubre el Interventor General de la Generalitat, Salvador Hernándiz, -imputado ahora también junto a Vela por el caso de la filtración del documento a Blasco- compareció en la Comisión de Economía de las Cortes y aseguró que en los "últimos tiempos" ha habido momentos, en concreto tres, en los que "casi se ha producido" la situación de no pagar las nóminas a los funcionarios "por tener que atender vencimientos de deuda". Un episodio que puso en jaque al Consell y que el titular de Economía quiso dar carpetazo poniendo en entredicho al Interventor al señalar que "nunca" le llegó que se hubiese llegado a una situación de alarma "de ese nivel".
