El Ayuntamiento de Alicante está realizando un estudio jurídico del decreto del Gobierno del pasado julio que suprimía la paga extra de Navidad a los funcionarios públicos para tratar de encontrar un resquicio legal que le permita cumplir con el compromiso de la alcaldesa, Sonia Castedo, de abonar un 25% de la paga a sus trabajadores. El edil de Hacienda, Juan Seva, confirmó que se está elaborando un estudio al respecto y aseguró que, de ser viable, las arcas municipales tendrían capacidad para abonar un cuarto de la paga a los más de 2.000 funcionarios de Alicante.

En ayuntamientos como el de Benidorm ya han acordado pagar un 25% de la paga a sus funcionarios argumentando que es el correspondiente al mes y medio que cotizaron por esa paga desde que la misma empezó a contabilizarse en junio hasta que el 13 de julio se aprobó el decreto de Rajoy. Desde el Consistorio argumentan que "la constitución impide que una medida del Gobierno sea retroactiva si perjudica a los ciudadanos".

Esos son los argumentos que esgrimen también los sindicatos del Ayuntamiento de Alicante y los que la propia alcaldesa utilizó el pasado 21 de septiembre para asegurar que les corresponde y que disponía del visto bueno de la Federación Española de Municipios y Provincias.

No obstante, días después el Gobierno central remitió un escrito a la Diputación de Alicante en el que sostenía que "la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre se devenga el primer día hábil de dicho mes y con referencia a la situación y derecho del funcionario en dicho mes. Y comoquiera que la referida paga (...) ha sido suprimida desde la entrada en vigor del real decreto-ley, no procede liquidación de la misma por inexistente".

Un desembolso cercano al millón

Tal y como ya avanzó el edil de Hacienda, Juan Seva, el abonar un 25% de la extra de Navidad a los cerca de 2.000 funcionarios municipales conllevaría un desembolso aproximado de un millón de euros. Se trata de una cantidad importante teniendo en cuenta las dificultades económicas que atraviesa la hacienda municipal. Una situación ante la que los sindicatos muestran su preocupación. No obstante, el concejal aseguró ayer a este diario que el ayuntamiento podría hacer frente al gasto y que el problema radica en la viabilidad legal de poder pagar una parte de la extra tras el decreto del Gobierno.