El Ayuntamiento, con un inusual consenso entre todos los grupos políticos, acordó en el pleno municipal de ayer hacer frente común a los desahucios con la apertura de una oficina municipal que asesorará a los afectados y que mediará entre éstos y las entidades bancarias, o con los dueños de las viviendas en los casos de alquiler, para tratar de frenar los desalojos. La iniciativa conjunta también contempla la constitución de una comisión integrada por todos los grupos -PP, PSOE, EU y UPyD- y abierta a los colectivos sociales para analizar la situación de los desahucios en la ciudad, proponer nuevas acciones e intervenir en los procesos de desalojo de las viviendas municipales del Patronato así como en el convenio que el Ayuntamiento suscribirá con el IVVSA para dar prioridad a los afectados en el acceso a las viviendas públicas de alquiler. Unas medidas que, en opinión de EU, suponen "un punto de arranque" después de que "el PP y el PSOE hayan venido salvando a los bancos y no a las personas". "Llegamos tarde", admitieron desde el PSOE.
Además de la problemática de los desahucios, hubo otros asuntos que recibieron el respaldo unánime de los grupos, como la propuesta conjunta de reclamar a la Generalitat el pago de las deudas con la asociación de personas con enfermedad mental (Afema) y con el resto de entidades que prestan servicio a la discapacidad. También en el apoyo a la iniciativa de EU de pedir al Consell que desista de aplicar el ERE en Ferrocarrils de la Generalitat y reclamarle que ponga en marcha la línea 2 del tranvía a través de la empresa pública y su plantilla. Una iniciativa que respaldó la alcaldesa, Sonia Castedo, quien tras escuchar a los sindicatos UGT y CC OO, aseguró que seguirá reuniéndose con la consellera del área y ratificó que "no subiré una tercera vez en la línea 2 a no ser que sea para ponerla en marcha de forma continua".
Pero no todo fue paz y armonía entre los grupos que conforman la corporación cuando llegaron los debates vinculados a los escándalos de corrupción. El PP se quedó solo al rechazar la comisión de investigación que proponía el PSOE para investigar todas las contratas municipales adjudicadas a Enrique Ortiz e instó a los grupos de la oposición a llevarla a cabo por su cuenta. Algo que el portavoz socialista, Miguel Ull, se mostró dispuesto a hacer. Con dos imputados en sus filas -la alcaldesa y el edil Andrés Llorens, el equipo de gobierno también fue el único en rechazar la moción socialista para instar al Gobierno a modificar la ley para que los cargos públicos sobre los que se abra juicio por delitos de corrupción dimitan. La portavoz del PP, Marta García-Romeu se mostró dispuesta a respaldar la parte de la moción en la que se proponía un "compromiso en la lucha activa contra los actos de corrupción política", pero no así en el otro punto por considerar que la ley ya contempla la inhabilitación "cuando hay una sentencia firme".
UPyD se vuelve a quedar sola
Como ya hicieran en el anterior pleno, tanto el PP como el PSOE y EU, dejaron solo al portavoz de UPyD, Fernando Llopis, en su intento de incluir en el texto de la moción que la modificación legal incluya la prohibición de que en las listas electorales haya imputados por delitos de terrorismo o contra la administración.
El portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, aludió directamente a la investigación de Brugal y a las declaraciones de Castedo en el TSJ para cuestionar que días después de que el juez le preguntara por las obras realizadas por Ortiz en el Rico Pérez el Ayuntamiento acordara devolverle la garantía y para denunciar que el expediente de devolución se encuentra "incompleto". Castedo intervino para preguntar a Pavón sobre cómo conocía el contenido de su declaración, a lo que el portavoz de EU le respondió que por los medios de comunicación. "Eso es revelación de secreto", señaló la regidora, quien con ironía y una evidente alusión a la investigación judicial abierta contra el hasta ayer conseller José Manuel Vela por la supuesta filtración a Rafael Blasco de un documento solicitado por el juzgado dijo esperar que en su caso la Fiscalía también abra de oficio una investigación sobre la filtración de los videos con su declaración ante el TSJ. De lo contrario, instó a Pavón a que su grupo hiciera la denuncia.
El PSOE preguntó Llorens, imputado en el caso de la plaza Magallanes, si adjudicó las obras después de que estuvieran realizadas. Llorens eludió la respuesta y se limitó a asegurar que ya dio información al grupo socialista.
