El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha vuelto a rechazar un nuevo recurso del empresario Enrique Ortiz contra las escuchas en la investigación del Plan General de Alicante, según el auto al que ha tenido acceso este diario. La defensa había recurrido la decisión del instructor de no haber admitido su anterior petición de nulidad de las intervenciones telefónicas en las que se basa la investigación de las supuestas irregularidades en la tramitación del planeamiento urbanístico de Alicante. El magistrado Juan Climent señalaba entonces que esta cuestión ya la resolvió la Audiencia de Alicante cuando dijo que éste no era el momento procesal oportuno. En el auto notificado ayer, el juez vuelve a desestimar el recurso planteado indicando que su decisión no era recurrible.

Entre los imputados en esta causa se encuentra, además de Enrique Ortiz, la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo y su predecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, entre otros. A ambos se les atribuye el haber facilitado al empresario los planos del futuro planeamiento urbanístico de Alicante, cuando todavía no era público a cambio de regalos, desde viajes a un coche.

El recurso se planteaba ante el propio juez que había tomado la decisión de inadmitirlo, pero todavía queda la opción de elevarlo ante la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ valenciano, donde un tribunal deberá pronunciarse sobre la petición.

El juez Climent había rechazado el primer recurso en una providencia fechada el 14 de noviembre al considerar que se trataba de una cuestión ya resuelta. Tanto el juez de Instrucción de Alicante, Manrique Tejada, como la Audiencia Provincial de Alicante habían resuelto que éste no era el momento oportuno para plantear la nulidad de las escuchas y que éste será en el momento en que se celebre el juicio. El caso tuvo que elevarse al TSJ dado que tanto Castedo como Alperi están aforados por ser diputados autonómicos.

Tras el segundo recurso de Ortiz ante el TSJ, el magistrado señala que su resolución anterior "reviste la forma de providencia sucintamente motivada" y que "como es de ver de su simple lectura, en ella se señala expresamente que contra la misma no cabe recurso alguno". Por todo ello, desestima el escrito del abogado en un auto de apenas un par de folios.

Las escuchas del caso Brugal han estado cuestionadas por las defensas desde que estalló el escándalo. La matriz de toda la investigación está en las presuntas irregularidades en la contrata de la basura de Orihuela y la adjudicación de la planta de residuos de la Vega Baja. El letrado Ruiz Marco plantea que las escuchas referidas al Plan General de Alicante son nulas porque tendrían que haber sido autorizadas por el juez competente, en lugar de por los sucesivos magistrados del juzgado de Orihuela donde arrancó el caso. Para la defensa de Ortiz, esta anomalía debería suponer la anulación de las intervenciones sin necesidad de esperar a la celebración del juicio. La Sala de lo Civil y de lo Penal tendrá ahora la palabra sobre estos extremos.

La sala envía al instructor la petición de nulidad presentada por Castedo

La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ acordó ayer devolver al juez Juan Climent el recurso de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, en el que se pedía la nulidad de las escuchas al considerar que no es competente "para pronunciarse sobre tales extremos". El escrito fue remitido al instructor para que "con libertad de criterio adopte la decisión que proceda". Aunque el abogado de la alcaldesa, Juan José Martínez Albert, presentó un escrito el lunes aclarando que el recurso iba dirigido a Climent y no a la sala, los magistrados ayer mismo respondían con una segunda providencia diciendo que "se tienen por efectuadas las manifestaciones que contiene y habiéndose resuelto previamente sobre lo solicitado, se está a lo acordado" en la otra resolución. J. A. M.