La auditoría sobre la gestión en 2011 de Geonet -una empresa pública propiedad de Suma y dependiente, por tanto, de la Diputación- revela la desaparición de media docena de ordenadores portátiles, un teléfono móvil de alta gama y una impresora por un importe cercano a los 14.000 euros, de acuerdo con los datos actualizados a finales de ese ejercicio. El informe sobre la mercantil, presentado hace diez días al consejo de administración y que arroja un sinfín de irregularidades adelantadas por este periódico desde el sábado, echa en falta ese material informático de las oficinas de Geonet -una sociedad dedicada al desarrollo de aplicaciones vinculadas a la planificación territorial- y decide amortizarlo en los balances con el epígrafe de «gastos excepcionales».
El descontrol con el inventario del material informático, adquirido por la sociedad pública mediante un sistema de «renting» con el pago de un canon anual de unos 43.000 euros, afecta al principal contrato de equipamiento que, de acuerdo con la auditoría, tenía firmado la mercantil en ese momento. Bajo la gerencia de Esteban González -despedido en los últimos meses de 2011, a las pocas semanas de la llegada de Luisa Pastor a la presidencia de la Diputación- y con Joaquín Ripoll al frente de la Diputación, la sociedad Geonet firmó dos contratos a lo largo del año 2010 para renovar su material informático por importe de 39.000 euros y de casi 4.500 euros, respectivamente.
El auditor de la empresa Mazars desvela que, del contrato de mayor cuantía, han desaparecido cinco portátiles -cuatro de la marca Sony y uno más de HP- con un coste anual para la mercantil pública -entre los años 2011 y 2013- que alcanza hasta los 772 euros al año, otro ordenador -también Sony- que le cuesta a la sociedad la friolera de 1.600 euros anuales, un móvil de alta gama Samsung que puede funcionar como «tablet» que le supone a la sociedad pagos por valor de 432 euros por su uso durante todo el ejercicio y una impresora a razón de 50 euros anuales. En total, la factura suma unos 14.000 euros, una tercera parte de la cantidad que se debía satisfacer por todo el contrato. «En relación al equipamiento informático 1, en el inventario físico realizado a 31/12/2011 no se han podido localizar determinados bienes», recoge la memoria.
A la vista de que el material informático se ha esfumado de las oficinas de Geonet, el informe de la auditora Mazars sobre la gestión de la sociedad pública opta por dar de baja los aparatos y por ubicarlos en los balances como «gast0s excepcionales» que se eliminarán del pasivo una vez que se vayan abonando las cuotas de servicio durante los ejercicios de 2012 y 2013. Es decir, desiste de indagar el paradero de los aparatos. Los datos sobre la «desaparición» de material informático ponen sobre el tapete el descontrol de una empresa pública en la que, de acuerdo con los epígrafes que figuran en la auditoría y sólo durante el ejercicio de 2011, aparecieron facturas sin justificar por importe de 111.000 euros en viajes con fin de semana de por medio, el mantenimiento de hasta 28 terminales de teléfono móvil, comidas, ágapes en Hogueras o floristerías, de acuerdo con los datos que obran en poder de este periódico. Además, el gerente tenía un sueldo similar al del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en una empresa que llegó a pagar 32.000 euros en seis meses a una consultora privada por informes de asesoría que sirvieron para justificar subidas de sueldo a los directivos de la firma.
El informe de auditoría cuestiona casi todos los apartados de la gestión de la empresa, incluida, la selección y contratación de personal, lo que, en plata, viene a decir que se realizaba sin control y prácticamente «a dedo». El apunte que realizar el auditor es demoledor. «A la fecha de este informe no hemos obtenido evidencia de que en las contrataciones de personal se hayan respetado los principios de capacidad, mérito, igualdad, no discriminación, publicidad y concurrencia», señala. Más claro, agua.
El rescate por 1,89 millones de una empresa en pérdida
Ya se sabe que el rescate de las empresas públicas en pérdidas llega siempre antes que atender a las personas. En marzo de 2011, la Diputación de Alicante, a través de Suma, puso 1,89 millones encima de la mesa para comprar las acciones de Geonet -alrededor de un 49%- que estaban en poder de Cadic, una sociedad de Madrid que entró en el negocio como copropietaria de Geonet y que salió corriendo al ver como la sociedad caía en las pérdidas, fruto, en parte, de la mala gestión. Cadic llegó a un acuerdo con Suma en 1992 y es propiedad de un cuñado de Mercedes de la Merced, dirigente del PP.
