La auditoría que analiza la gestión durante 2011 de la empresa pública Geonet, una sociedad propiedad de Suma y dependiente de la Diputación, revela que la mercantil abonó 32.889 euros en varios plazos a una consultora privada por un informe que, en último extremo, sirvió para justificar una subida de los sueldos del escalafón medio y alto de sus directivos. Los datos del informe, elaborado por la auditora Mazars y que se entregaron al consejo de administración hace unos días, ponen de relieve el descontrol que reinaba en los balances de la firma y destapa que, durante el ejercicio de 2010, la sociedad registró pérdidas por 214.000 euros cuando los gestores de la empresa habían presentado un beneficio de 9.000 que, en la práctica, resultó ficticio.
Estos datos cabe sumarlos a los de una sociedad pública que en 2011 perdió 1,4 millones, que necesita de inyecciones de su único socio -Suma rescató la entidad por 1,9 millones en marzo de 2011 y compró las acciones que no estaban en su poder- para poder continuar con su actividad y que, de acuerdo con los datos de la auditoría que adelantó ayer este periódico, pagó, durante los primeros diez meses del año pasado, facturas sin justificar por 111.000 euros en viajes, teléfonos móviles -hasta 28 líneas- y asesores externos. Los abonos corresponden a la recta final del mandato de Joaquín Ripoll en la Diputación y a la gestión como gerente de Geonet de Esteban González Cuchillo, destituido junto a otro directivo por Luisa Pastor en octubre de 2011, a las pocas semanas de llegar a la institución provincial.
En el análisis que la memoria realiza de los contratos realizados por la mercantil pública, el auditor alude a las cantidades que se entregaron mensualmente a una consultora externa entre enero y junio de 2011 por valor de 32.889 euros. Geonet realizó dos pagos de 6.000 euros, otros dos de cinco mil, uno de 889 y el último de cuatro mil por una serie de informes, en algún caso con títulos casi calcados, sobre productividad y valoración de los puestos de trabajo. El montante de la contrata se "troceó" en varias facturas para sortear la normativa sobre adjudicaciones públicas. "Debería haber sido objeto de expediente de contratación tramitado de acuerdo a la LCSP", asegura el auditor en clara referencia a la necesidad de que la contratación se hubiera ajustado a la legislación actual. El coste, incluso, podría haber sido algo mayor. También se pagaron, de hecho, otros 6.000 euros a una empresa asociada con la citada consultora para que redactara otro documento más sobre la gestión de personal en Geonet.
¿Para qué sirvieron los "consejos" de esos asesores externos? El auditor concluye que justificaron un aumento de las retribuciones de los altos directivos de la mercantil de la Diputación. Dicho y hecho. "El resultado de los informes anteriores supuso la revalorización de los puestos de trabajo de los niveles medio y alto del organigrama de la Sociedad con los correspondientes incrementos salariales", recoge textualmente la auditoría. El gerente de la mercantil de la Diputación, por ejemplo, tenía asignadas unas retribuciones anuales de 76.996,80 euros, un sueldo similar al que cobra el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Incluyendo la indemnización que se llevó con motivo de su destitución, durante 2011 y de acuerdo siempre con los datos de la memoria, el director general de la firma se embolsó 113.070 euros.
Después del relevo del principal directivo de Geonet, muy ligado a Joaquín Ripoll con el que compartió sus dos mandatos en la Diputación Provincial de Alicante, Suma optó por un trabajador vinculado al organismo provincial de gestión tributaria para reducir los costes y "reorientar" la empresa, actualmente, con 33 trabajadores, explicaron fuentes provinciales. Geonet abandonó su sede -con un coste cercano a los 8.000 euros al mes en la plaza de los Luceros- y se registraron un total de siete bajas. La auditoría, en todo caso, deja claro que se han detectado errores e insuficiencias en los balances que "afectan a la adecuada interpretación y comprensión de las mismas", en alusión a los balances, por lo que, concluye, "constituyen una salvedad en el Informe de Auditoría Financiera".
Un alcalde del PP auditó Geonet en el mandato de Ripoll
La última auditoría encargada para analizar las cuentas de Geonet, una empresa pública propiedad en su totalidad de Suma y dependiente de la Diputación, ha sido elaborada por la consultora Mazars y ha servido para poner encima de la mesa la delicada situación de la firma, que llegó a estar al borde de poner en riesgo su actividad. La redacción de ese informe fue una decisión tomada ya con Luisa Pastor al frente de la institución provincial. Se da la circunstancia de que el anterior auditor de Geonet, con el mandato de Joaquín Ripoll en pleno apogeo, fue Carmelo Ribes, actual alcalde de Cox por el Partido Popular, según confirmaron fuentes de la institución provincial. Era uno de los dirigentes políticos de la Vega Baja que se mantenía fiel a Ripoll en la batalla interna de los populares, que tuvo su principal episoio en el congreso provincial que se celebró en Orihuela y en el que el primer edil de Cox fue uno de los miembros de la mesa del cónclave. De hecho, en la presentación de Carmelo Ribes como candidato a la reelección en Cox semanas antes de los comicios celebrados en el mes de mayo de 2011, las dos "estrellas" invitadas del acto que sirvió como proclamación del alcaldable fueron el propio Ripoll, que en ese momento recorría las poblaciones de todos sus fieles toda vez que aún confiaba en repetir al frente de la institución provincial para un tercer mandato; y Mónica Lorente, candidata del PP en Orihuela y entonces número dos de Ripoll en el partido.
