La entrada del nuevo año llegará acompañada de un nuevo "pellizco" a los bolsillos de la mayoría de los ciudadanos de la Comunidad. Un aumento en los pagos que bajo la forma de impuestos, modificaciones o repuntes en las tasas autonómicas afectará de lleno a parcelas como la educación, la atención sanitaria que se presta a algunos colectivos, así como a determinados trámites burocráticos que, a partir de 2013, requerirán del obligado paso por caja. Los cambios se recogen en la denominada Ley de Acompañamiento a los presupuestos para el próximo ejercicio que ayer se debatió en las Cortes Valencianas, escenario en el que el PP rechazó optar a una revisión de su propuesta votando en contra de las enmiendas presentadas por el PSPV, Compromís y EU.

Con este mantenimiento de posturas, el Consell aplicará para el próximo ejercicio una subida de los pagos en áreas como la educación universitaria, donde se eleva el importe mínimo para poder matricularse, al asentarse en los 300 euros. Una medida que afecta, según la oposición a los alumnos con más limitaciones, especialmente a aquellos que compaginan trabajo y estudios. De igual manera, se incrementan por segundo año consecutivo las tasas para realizar los exámenes de la Junta Qualificadora de Coneiximents del Valencià que requerirán ya del pago de 25 euros.

El marco de actuación en sanidad incluye las modificaciones adoptadas para la prestación de la atención sanitaria entre el colectivo inmigrante, especificando los reconocimientos y documentación de la que deben disponer para acogerse a las coberturas o en su defecto hacer frente a un desembolso, supuestos que recoge ahora esta ley-. Unas tasas que, según advirtieron desde las filas del PSPV, "van a dejar a personas que residen en la Comunidad sin asistencia, lo que aumentará la probabilidad de contagio de enfermedades menores en la población sana". La lista de desembolsos incluye, de igual manera, la tasa de 60 euros para formalizar la inscripción en el Registro de Uniones de Hecho o el abono de 10 euros por las copias en soporte digital de material procedente de las declaraciones que consten en procesos judiciales, con la excepción de la Fiscalía y de aquellos que tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita.

El Consell también quiere ampliar su arco de captación de fondos por vía de impuestos como el de transmisiones patrimoniales. El impuesto, que grava la compra venta de la vivienda, pasa del 7 al 8%. Es decir, aquellos que adquieran un inmueble de segunda mano tendrán que ingresar a Hacienda el 8% del valor del bien. No obstante, se mantienen los tipos reducidos para familias numerosas, personas discapacitadas y viviendas de protección oficial. Hacienda estima que la recaudación adicional por esta medida alcanzará los 44,7 millones de euros. En el área de la vivienda se incluyen, además tasas por inspección de calidad que alcanzan los 190 euros.

En el marco de un debate acalorado, PSPV, EU y Compromís acusaron al Consell de apostar por una "propuesta sin rumbo" centrada únicamente en la "reducción del déficit pero sin alternativas que impulsen a la recuperación". Una afirmación que desde el PP combatieron afirmando que las medidas "son duras" y exigen "sacrificios" pero que contienen también ayudas como las deducciones fiscales para familias numerosas y por adquisición de material escolar para "aquellos hogares que afronten mayores problemas".