Los farmacéuticos de Alicante rechazaron ayer el calendario de pagos ofrecido por la Generalitat Valenciana y seguirán con el cierre patronal que comenzaron el pasado 5 de noviembre para reclamar que la Administración les pague íntegramente los 175 millones que les adeuda por las recetas dispensadas en los últimos cinco meses y medio. Una deuda que en el conjunto de la Comunidad se eleva a 450 millones.
En una tensa y larga asamblea que reunió a más de 500 boticarios en el Colegio de Farmacéuticos de Alicante, los empresarios decidieron continuar con el cierre patronal, que hoy entrará en su decimoctavo día. El resultado de la votación fue contundente, más de 400 votos a favor de seguir con el cierre, frente a poco más de cien en contra. "Los farmacéuticos no han querido dar su voto de confianza a la Generalitat porque ya nos ha engañado cuatro veces", señaló anoche Jaime Carbonell, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Alicante. Carbonell había defendido como "un mal menor" ante sus colegiados el plan de pagos que la Generalitat propuso a los presidentes de los tres colegios profesionales el pasado martes y que éstos habían asumido dentro del escaso margen que tiene el Consell debido a su falta de liquidez.
Fuentes de los farmacéuticos aseguraron anoche que su rechazo se debe a que ese plan de pagos no les garantizaba cobrar cuanto antes la enorme deuda que tienen pendiente. "No podíamos ceder a cambio de nada, eso es hacer el ridículo", señalaba un boticario.
La Generalitat ofreció a las farmacias pagar cuatro de las mensualidades que les adeudan de aquí al 15 de enero, 450 millones.
Las tres facturas restantes, correspondientes a las recetas de los meses de octubre, noviembre y diciembre, se abonarían a través del Fondo de Liquidez Autonómico, mediante un plan de pago a los proveedores o prorrateadas en 18 meses pagando intereses. "Con ese calendario íbamos a seguir acumulando cinco meses de demora y eso no hay quien lo aguante", explicaba ayer un farmacéutico. Pese a que de momento las negociaciones entre los colegios profesionales y las consellerias de Sanidad y Hacienda no han llegado a un buen puerto, en la asamblea de anoche no se plantearon dimisiones de ningún tipo. "No es momento de discrepancias, tenemos que estar todos unidos", afirmaban asistentes al encuentro.
Con la decisión de anoche, continúa un cierre patronal histórico en la Comunidad Valenciana, y con él los problemas que ha habido estos días atrás con el suministro de medicinas en las farmacias.
En cuanto a la provincia de Valencia, con alrededor de 800 farmacéuticos asistentes a la asamblea, decidieron por mayoría absoluta mantener y "recrudecer" el cierre indefinido. Así, acordaron mantener la huelga hasta que la Conselleria de Sanidad ponga por escrito y "firmada" la propuesta, y volverán a valorar la situación el próximo 30 de noviembre. En cuanto a endurecer el cierre, sostienen que hasta ahora, los servicios mínimos que se están llevando a cabo superan los exigidos por la ley por lo que pretenden disminuir la cifra.
Proponen dejar de pagar impuestos como medida de protesta
La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) está estudiando "vías jurídicas de actuación" por los impagos producidos en algunas comunidades autónomas y ha advertido a las administraciones públicas de que podrían dejar de pagar sus impuestos debido a que la situación es "inasumible". Así lo manifestó ayer el presidente de FEFE, Fernando Redondo, en una rueda de prensa en la que compareció junto a representantes de la federación en las comunidades autónomas más afectadas, en la que ha puesto de relieve que "lo que era un problema económico se ha convertido en un problema social", ya que el desabastecimiento se está haciendo patente en algunas ciudades.
Redondo pidió que el esfuerzo que están realizando las farmacias, comprando medicamentos a pesar de los impagos, y los ciudadanos a través del copago, sea correspondido por el Gobierno central, como responsable último del Sistema Nacional de Salud (SNS), y por las comunidades autónomas. El representante de los farmacéuticos ofreció a las administraciones un diálogo constructivo "para buscar soluciones reales y urgentes", ya que "esto no lo podemos dejar para el 2014 porque los que hayan tenido problemas de salud durante el año 2012 y 2013 les va a dar igual". "¿Hace falta que alguien se muera con evidencia clara de falta de medicación para que los administradores públicos reaccionen? ¿Cuántos muertos son necesarios para que haya reacciones?", se preguntó. Redondo incidió en que la prestación farmacéutica no se puede interrumpir, ya que está en riesgo la salud y la vida de los españoles. FEFE exigió una solución conjunta para todas las comunidades autónomas, "para el año 2012 y 2013 como mínimo".
