Preservar el derecho de los menores a la educación sobre todas las cosas es uno de los empeños de la fiscal jefe de la Audiencia provincial de Valencia, Teresa Gisbert, quien opina que "se debería reformular el delito de abandono de familia, que data del siglo XIX", para incluir como obligación de los padres a la hora de cumplir con los deberes de la patria potestad "el derecho a la educación de sus hijos".
Gisbert participó ayer en una jornada sobre el Día Universal de los Derechos del Niño, celebrada en la sede universitaria Ciudad de Alicante, junto al catedrático Agustín Bueno y a José Conrado Moya, autor de un informe especial de la Sindicatura de Agravios sobre la protección de los menores de 0 a 6 años en la Comunidad, quien reclamó mayor énfasis en la prevención desde las instituciones para con los menores en riesgo.
La fiscal ponderó por su parte la sentencia de un juzgado de lo penal de Alicante que condena a unos padres de cuatro niños a pagar una multa de más de 2.000 euros por no evitar el absentismo de sus hijos durante el curso 2010-2011, y, si no pagan, a cuatro meses y medio de cárcel.
Gisbert califica de "muy importante" esta sentencia porque "recuerda a los padres la obligación de garantizar el derecho a la educación de sus hijos" y que "su incumplimiento tiene consecuencias". Tanto el fracaso escolar como el absentismo los citó como fundamentales "factores de riesgo, que se dan en el 90% de los menores que acaban cometiendo delitos", afirmó. De ahí la importancia del derecho a la educación de los menores, reiteró, y la obligación de los padres de cumplirlo para garantizar ese derecho".
En su caso, la fiscalía que dirige ha aumentado "espectacularmente" la apertura de diligencias de investigación penal cuando recibe datos de los servicios sociales municipales sobre situaciones de falta de escolarización. Más que achacar este incremento a la situación de crisis económica precisó que estas situaciones "están muy relacionados con familias de una tipología determinada". Gisbert lamentó igualmente la existencia de familias que "no reconocen la importancia que tiene el derecho a la educación de sus hijos y, por tanto, no adoptan las medidas necesarias para evitar el absentismo escolar".
Como "distintos" citó los casos de jóvenes de 13 y 14 años "cerca del final de la escolarización obligatoria" quienes "se niegan a asistir al instituto, pese a que tanto los padres como los servicios municipales pongan todos los medios posibles para impedirlo.
Los menores en riesgo son más que los que ya tienen protección
En datos del ejercicio 2011, el informe del Síndic de Greuges, José Cholbi, contempla ya un millar más de menores en situación de riesgo en la Comunidad que los que están protegidos jurídicamente en acogimiento familiar o en residencias, 5.000 frente a 4.000. Conrado Moya, autor del informe, declaró ayer que los menores sobre quienes se actúa de forma preventiva no forman parte de las estadísticas, a pesar de ser más. Puso el acento en la necesidad de incrementar la formación de los profesionales y las medidas de la administración para evitar que estos niños necesiten protección jurídica. Junto a Carlos Morenilla, adjunto al Síndic, Moya insiste en sus conclusiones en mantener el mayor tiempo posible a los menores en riesgo con sus propias familias, aunque resulte más complicado en muchas ocasiones, porque beneficia su desarrollo; así como limitar el espacio de las residencias para asimilarlas lo más posible a un hogar. V. B.
