La Conselleria de Justicia y Bienestar Social mantiene desde hace un año paralizada la incorporación de nuevos beneficiarios a las ayudas de la dependencia. Así lo ha denunciado tanto la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia como trabajadores del sector, así como el sindicato CC OO, que en su caso eleva este periodo a 18 meses.
Según explica la responsable de Política Social de CC OO, Eva Hernández, desde marzo del año pasado «no se resuelve ningún expediente PIA», que es el informe en el que se detalla qué prestaciones se asignan al dependiente que solicita acogerse a la ley, requisito previo a la concesión de las ayudas. Este periodo de tiempo «coincide con el cambio normativo que otorgaba a la administración un plazo máximo de 6 meses entre que se presenta la solicitud y se conceden las ayudas». Por lo tanto, añade Hernández, «la conselleria está incumpliendo la ley».
Por su parte, Miguel Martorell, presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, sostiene que desde noviembre del año pasado «no se firman nuevas resoluciones PIA». Una situación que ha llevado a los miembros de esta plataforma «ha presentar varias reclamaciones ante el Síndic de Greuges para que apremie a la conselleria a resolver esta situación de bloqueo». Además, Martorell acusa a Bienestar Social de «tergiversar los datos, ya que siempre que los pedimos nos hablan de resoluciones firmadas por la administración por lo que en apariencia el número es creciente, pero gran parte de estas todavía no han llegado a los usuarios».
En este sentido, CC OO denuncia que en la Comunidad Valenciana los dependientes tardan una media de tres años en comenzar a recibir las ayudas contempladas en la ley. Además, «se calcula que más de 20.000 ciudadanos de esta Comunidad han fallecido antes de recibir prestación alguna y solo en la provincia de Alicante la lista de espera de personas que aguardan para recibir las prestaciones, una vez que ya las tienen concedidas, supera las 12.000 personas».
Retraso en las nóminas
Mientras, la Conselleria de Justicia sigue sin pagar a los cuidadores de personas dependientes, a quienes adeuda las nóminas desde el pasado mes de agosto. La Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de Alicante denunció ayer que esta situación «está abocando a muchas familias a una situación desesperada, sobre todo aquellas en las que es el único ingreso». Estas personas «dependen de este salario que tienen aprobado por ley» y con el retraso en los pagos algunas de ellas «se están viendo abocadas a pedir alimentos y dinero a sus familiares y a diversas entidades sociales para poder llegar a final de mes». Esta asociación acusa a la Generalitat de incumplir la palabra dada de que con la llegada del Fondo de Liquidez Autonómica se abonarían las prestaciones económicas del cuidador no profesional y vinculadas al servicio.
El retraso en el pago de las nóminas no es el único varapalo que han sufrido los cuidadores de dependientes, a quienes el Gobierno central ha recortado en un 15% las ayudas y les ha quitado las cotizaciones a la Seguridad Social. Además, la Conselleria de Justicia prevé que este tipo de prestaciones se concedan sólo con carácter excepcional y de hecho, está revisando los expedientes en lista de espera para la supresión de esta ayuda.
