Las arcas autonómicas están al límite. Con el presupuesto de gastos de 2012 ya cerrado desde ayer para "maquillar" al máximo los datos del déficit y sin posibilidad de tramitar ningún pago hasta el mes de enero, la Generalitat continúa sumida, a día de hoy, en la dinámica de la falta de liquidez y de los impagos generalizados. El Consell que lidera Alberto Fabra, de hecho, acumula facturas pendientes de abonar correspondientes a los dos últimos ejercicios por un importe superior a los 3.000 millones, medio billón de las antiguas pesetas. Unos 1.000 millones se adeudan a proveedores desde 2011 mientras que los otros dos mil son facturas pendientes de saldar correspondientes a la gestión de los primeros nueve meses de este año. Los datos evidencian no sólo los problemas de liquidez de la administración autonómica sino también las enormes dificultades para garantizar entradas de ingresos.

Con este escenario, la decisión de la Generalitat de cerrar ayer mismo el ejercicio -"como si fuera ya Nochevieja y Año Nuevo", denunció el socialista Julián López Milla- tiene como único objetivo ajustarse al exigente tope de déficit marcado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que sólo permite llegar al 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB), cifra que a mitad de 2012 el Consell estaba a cuatro décimas de consumir. La maniobra contable no busca afrontar los impagos toda vez que, desde ayer, la Generalitat paralizará la tramitación de todas las facturas y la trasladará al mes de enero. Computar un pago, sin embargo, no es sinómino de que se abone. En una administración que se mueve en parámetros de una quiebra total y absoluta, se saldan las deudas cuando se puede, como evidencian los más de 3.000 millones de recibos pendientes de los dos últimos años. Cumplir con el déficit, aunque sea a costa de recortes e impagos, es un pilar fundamental para la gestión del Consell: se juega no recibir más dinero del fondo de rescate autonómico que, a día de hoy, es casi la única vía que puede garantizar liquidez a la Generalitat, aunque sea a costa de elevar su deuda con los bancos. En todo caso, hablamos de pan para hoy y hambre para mañana. De acuerdo con los datos que maneja el diputado Julián López Milla, vicesecretario de Economía del PSPV, la maniobra contable del Consell podría ocultar durante el último mes y medio de 2012, el periodo en el que habitualmente se acumulan más facturas de todo el año, un desfase presupuestario negativo de alrededor de 1.800 millones de euros, cantidad que engrosaría el balance negativo del próximo ejercicio.

En esta dirección, Ximo Puig, máximo responsable de los socialistas valencianos, volvió ayer a poner encima de la mesa la necesidad de exigir la mejora de la financiación autonómica y la reclamación de la deuda histórica. El líder del PSPV recordó que su grupo presentó una iniciativa en el Congreso, rechazada por el PP, para favorecer un cambio en el reparto de los fondos del Estado que sea más justo para la Comunidad. "Ahora la hemos vuelto a registrar y esperamos que Alberto Fabra aproveche esta oportunidad para conseguir que le hagan caso en su partido, porque de momento se ha mostrado incapaz de mejorar nuestra financiación", aseveró Puig, cuya ejecutiva, además, lanzó otra propuesta para aliviar las arcas de la Generalitat y que el fondo de rescate asuma los 1.000 millones anuales que debía recibir el Consell.

A vuelta con los sueldos de Fabra y los consellers

Como se recordará, el vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, vinculó el cumplimiento del objetivo de déficit para 2012 -el 1,5% del PIB en 2012 y el 0,7% con 800 millones de recorte para 2013- a los sueldos del propio Alberto Fabra y del resto de los consellers de su gobierno. La pregunta que ayer lanzó el diputado socialista Julián López Milla fue clara. ¿Qué indicador de déficit se utilizará para cumplir con esa promesa? Con el cierre del ejercicio presupuestario, el Consell aspira a cumplir con las directrices marcadas por Cristóbal Montoro y, por tanto, no sería necesario tocar las retribuciones del Gobierno. Pero con los datos reales, el déficit se dispararía más de medio punto lo que, obviamente, supondría reducir los emolumentos de los altos cargos autonómicos.