Por reiterativa y porque la petición ya fue resuelta. Con estos argumentos el magistrado Juan Climent, instructor de la pieza separada del caso Brugal que investiga los supuestos amaños en el PGOU de Alicante, acaba de frustrar el tercer intento de los representantes legales del empresario Enrique Ortiz, imputado en esta causa, de invalidar las intervenciones telefónicas, piedra angular sobre la que se apoyan unas imputaciones que también alcanzan, entre otros, a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y a su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi. A ambos se les atribuye haber facilitado a Ortiz datos reservados del planeamiento urbano de Alicante a cambio de regalos que irían desde viajes hasta un coche.
En una providencia de apenas dos folios fechada el 14-N, el magistrado responde a los 69 en los que el penalista Francisco Ruiz Marco, abogado del promotor, solicitaba anular todas las escuchas que afectan a esta causa (cuya matriz es otro procedimiento, radicado en Orihuela, sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación de una planta de residuos en la Vega Baja) por entender que no las había autorizado el juez competente (lo hicieron sucesivos titulares del juzgado de Orihuela donde arrancó el caso Brugal en vez de un magistrado de Alicante, que es a quien correspondía este asunto, como después se demostró, sostenía el letrado) y que tal nulidad había que hacerla efectiva en cuanto se detectara la anomalía sin esperar a la vista oral. A este momento, al juicio, han aplazado el pronunciamiento sobre la validez de las escuchas tanto el primer instructor en Alicante de este sumario, el magistrado Manrique Tejada, como la sección primera de la Audiencia Provincial, antes quienes el defensor de Ortiz planteó, sin éxito, que se anularan los pinchazos en la fase de instrucción.
En contestación a lo que Climent interpreta como un "incidente de nulidad de actuaciones" y que el letrado define en su escrito como denuncia, el juez entiende que la petición de Ruiz Marco "es reiterativa de la ya pretendida y resuelta en la vía de los recursos", en alusión a los presentados ante el juez Tejada y ante la Audiencia antes citados. Apoyándose en estos motivos, Climent inadmite el escrito del abogado sin entrar en ninguno de los motivos por lo que solicitaba la nulidad, entre los que también alegaba el derecho al secreto de las comunicaciones y a un proceso con todas las garantías.
El magistrado concluye precisando que contra su decisión "no cabe recurso alguno".
Rechazan un recurso de la mujer del promotor
Pretendía Manuela Carratalá, mujer de Ortiz y también imputada en la causa del PGOU, apelar contra la decisión de Climent de investigar el movimiento de las cuentas de un hermano y de un empleado del promotor. Así lo hizo llegar su abogado, Alejandro Bas, al juez, quien no ha admitido el recurso por presentarlo como apelación (ante la sala) cuando, precisa el magistrado, tenía que haber recurrido primero en reforma (ante el propio juez).
