­La provincia de Alicante perderá a partir del día 14 el único helicóptero destinado exclusivamente al traslado de enfermos y a los rescates. Este medio aéreo estaba financiado desde julio por la Diputación provincial con 500.000 euros y, según fuentes de esta institución, no está previsto renovar el contrato una vez que este venza la próxima semana. El personal sanitario que lo atendía, un médico y un enfermero, ya han sido avisados de que a partir del próximo 14 termina su servicio.

A partir de ahora, el único medio aéreo de emergencias con el que contará la provincia es un helicóptero de extinción de incendios, pagado por la Conselleria de Gobernación, al cual se le puede incorporar un panel médico para el traslado de enfermos. Una solución muy poco operativa, según han denunciado fuentes del Consorcio de Bomberos y de CC OO, ya que la brigada forestal debe desmontar este panel sanitario cuando se desplaza a un incendio, «una operación que puede prolongarse 50 minutos». De esta forma, «cuando está en un servicio de incendios el helicóptero no puede atender un servicio médico y viceversa». Por otro lado, al dejar de operar el helicóptero de la Diputación, los rescates de personas accidentadas, por ejemplo, en la montaña «dependerán del helicóptero Jaume I con base en Valencia», según señalaron desde la Conselleria de Gobernación. La aeronave que queda en Alicante, y que tiene su base en Mutxamel, no dispone de grúa.

A partir de febrero del año que viene, la Conselleria de Gobernación podría contratar un helicóptero específico de urgencias sanitarias para la provincia incluido en un lote de licitación, junto a otros medios aéreos, publicado en el DOGV la pasada semana, aunque desde este departamento aseguraron a este periódico que todavía no es definitivo que la provincia vuelva a contra con una aeronave específica para los traslados médicos.

En cualquier caso, puntualizaron, «aunque sí se destinase un helicóptero a este fin, los rescates seguirán haciéndose con el helicóptero que tiene base en Valencia». Desde el Consorcio denuncian que el desplazamiento del helicóptero desde Valencia para los rescates «supone un tiempo de respuesta superior a una hora».

Hasta comienzos de 2012, la provincia de Alicante contaba con un helicóptero específico para el rescate y traslados médicos. Un servicio, con 20 años de historia, que era asumido por la Diputación Provincial. La institución decidió, el pasado enero, no volver a financiar esta aeronave en la que trabajaba un médico, un enfermero y personal del Consorcio de Bomberos. Tras unos meses sin que la provincia tuviera medios aéreos sanitarios, la Conselleria de Gobernación adaptó la pasada primavera el helicóptero de extinción de incendios que ya operaba en la provincia para traslados médicos. Personal del SAMU era el encargado de atender las posibles urgencias que se presentasen. Sin embargo, trabajadores de este servicio criticaron en su momento que la aeronave no reunía las condiciones necesarias para desarrollar las tareas de traslados médicos o extinción de incendios en el menor tiempo posible.

Las condiciones mejoraron notablemente cuando el pasado mes de julio, la Diputación volvió a contratar los servicios de un helicóptero específico para rescates y traslado de enfermos, nave que ahora deja de funcionar tras 5 meses de servicio. Se da la circunstancia, según destacan fuentes del Consorcio de Bomberos, que este helicóptero ha estado operativo los meses en los que menos rescates se dan. «Estadísticamente, la mayoría de los servicios se realizan en las estaciones de otoño e invierno». Este helicóptero realiza una media de tres servicios a la semana en la provincia, principalmente rescate de montañeros, asistencia a accidentados de tráfico y traslado de heridos entre hospitales.

Desde CC OO, su responsable de Comunicación, Salvador Roig, cree que «el criterio de la Generalitat de limitar el numero de helicópteros en la provincia es una decisión irresponsable ya que comporta aumentar los tiempos de respuesta a la hora de realizar los rescates, lo cual es una temeridad». De nuevo, añade Roig, se toman decisiones «sin tener en cuenta la opinión de los profesionales». Tal como quedó contrastado en la queja que planteó el sindicato a principios de año al Síndic de Greugues, «la nueva planificación responde a la aplicación de criterios económicos en un contexto de continuos recortes». Así, «se incumplen los principios de eficacia y eficiencia en la actuación sanitaria recogidos en la ley y en las recomendaciones del Síndic». En situaciones de emergencias vitales «el tiempo es determinante para salvar vidas».