Un mes después de acordadas por el juez las primeras diligencias solicitadas por el fiscal anticorrupción ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para determinar si se facilitó información reservada del planeamiento urbano de Alicante al empresario Enrique Ortiz por parte de la actual alcaldesa, Sonia Castedo, y de su antecesor y mentor, Luis Díaz Alperi, (los tres imputados en este procedimiento) el magistrado acaba de dar luz verde a la segunda tanta de pruebas planteadas por el acusador público. Si en el primer caso el ministerio fiscal buscaba cotejar la documentación que la regidora entregó voluntariamente al instructor, Juan Climent, sobre unos viajes a Andorra, que los investigadores sostienen que fueron un regalo de Ortiz, así como acerca de un Mini en manos en la actualidad de una amiga de la primera edil, esta segunda batería de pruebas se centran en el entorno del empresario y en el pago del jet privado en el que exalcalde voló a Creta en agosto de 2008.
Tras precisar el juez que acuerda la práctica de estas diligencias al considerar que "no resultan inútiles ni perjudiciales vista la fundamentación de la petición y el resultado de las practicadas obrantes en autos", Climent acuerda que se pida al BBVA, al Banco de Valencia y a Banesto que faciliten a la Brigada de Blanqueo de Capitales del Cuerpo Nacional de Policía "toda la información existente en sus archivos informáticos sobre todas las cuentas bancarias, depósitos, valores, títulos, acciones o participaciones, fondos de inversión, existencia y contenido de cajas de seguridad u otros activos y sobre cualquier otra que hubiera tenido aunque en la actualidad se encuentren cancelados desde el 1 de enero de 2008 (...) hasta el 1 de agosto de 2010 en las que aparezcan como titulares o autorizados Santiago Bernáldez y Virgilio Salvador Ortiz".
El primero es un empleado y hombre de confianza de Enrique Ortiz y el segundo, el hermano del empresario. De sus finanzas el juez también quiere saber las transferencias o traspasos que hayan podido realizar "con origen y destino" de las mismas así como "información sobre cuentas en moneda extranjera o movimientos de capital con procedencia o destino a terceros países, incluso en los supuestos en que las cuentas utilizadas sean puente entre otras entidades". En el caso de que el hermano de Ortiz y el empleado del empresario hubieran realizado abonos o cargos vía cheques, pagarés o talones, se reclama que se los números de cuenta con los que se hubiera operado. Concluye el juez dando carta blanca a la Policía para "recabar cualquier otra información y/o documentación complementaria que consideren necesaria para realizar el seguimiento de las operaciones que se vayan conociendo y resulten de interés para la investigación".
"Utilizados por el promotor"
Aunque en la providencia dictada por Climent no se especifican los motivos por los que se acuerdan estas diligencias, contra las que cabe recurso, el informe policial que ha servido de base a la acusación pública recoge que Ortiz habría utilizado a su mujer, también imputada en esta causa, a su hermano Virgilio y al empleado del Grupo Cívica Santiago Bernáldez para retirar "grandes cantidades de dinero" de bancos que serían empleadas por el constructor como "contraprestaciones".
Recogen los investigadores una conversación entre el hermano y la mujer de Ortiz de octubre de 2008 en el que el primero indica a la segunda que "le va a dejar en casa el bocadillo", término que la Policía interpreta que se refiere a "una gran cantidad de dinero", que concreta en 140.000 euros que el propio Virgilio Ortiz y Bernáldez habían retirado de un banco. En otro de los pinchazos es el hermano del empresario el que le indica a su cuñada que tiene que ir junto a Santiago Bernáldez a retirar "otra tangada" del Banco de Valencia. Esa misma noche la Policía intercepta una conversación en la que el empleado de Ortiz le comunica a su jefe que lo "han sacado" y se lo han dado a su mujer, según el informe.
Citan como imputado a un empresario por el viaje de Alperi a Creta
Para el 19 de noviembre ha sido citado a declarar como imputado el empresario valenciano Ricardo Fuster en relación con el pago de parte del viaje del Luis Díaz Alperi a Creta en agosto de 2008. La imputación se realiza por un presunto delito de cohecho, según recoge la providencia dictada por el magistrado Juan Climent, al ser "socio único de la mercantil Rocafort de Negocios S.L. y por el hecho indiciario de haber abonado 36.000 euros a través de la mercantil Rivaflecha S. L. como parte del pago del viaje a Creta" de Alperi "en avión privado realizado por Best Fly S.L." También pide el juez que sean indentificados los cargos representativos durante 2008 de Rivaflecha, que opera bajo el hombre comercial de BKS Air", y cuyo domicilio social está en Bilbao. Los investigadores sostienen que en realidad fue Enrique Ortiz quien, a través de estas sociedades, abonó el vuelo del exalcalde hasta al isla griega. M. G.
