El Consell se las prometía muy felices. Confiaba en que el Gobierno "amigo" de Mariano Rajoy le ayudara a paliar su asfixia económica y le echara un capote para reducir sus impagos. El Fondo de Liquidez Autonómico, el famoso FLA, iba a convertirse en el instrumento que sacaría a la Generalitat del atolladero en el que se encontraba y se encuentra sumida. Pero no. Esta misma semana ha quedado patente que no. Lejos de los 4.500 millones que el Ejecutivo de Alberto Fabra solicitó para hacer frente a sus deudas -incluidos los vencimientos- e impagos, el Gobierno central solo le transferirá finalmente 2.540 millones. Y de ellos, mañana se recibirá un anticipo de 750, tal y como anunciaron el propio Fabra y el conseller de Hacienda, José Manuel Vela, este jueves en las Cortes. Y, para colmo, de esa cantidad 415 millones se destinarán a abonar intereses pendientes con los bancos (35 millones) y deudas con el propio Estado en materia de cotizaciones de la Seguridad Social y retenciones del IRPF (380 millones).

La ecuación es clara. Quedarán 315 millones, una cifra insuficiente a todas luces para saldar la ristra de impagos que arrastra el Consell con farmacéuticos, ayuntamientos, diputaciones, colectivos sociales, la dependencia, el sector de los libreros, el turno de oficio, los institutos tecnológicos, los centros concertados educativos, las empresas de transporte escolar, los comedores de colegios e institutos... Aunque la mayoría de ellos recibirá fondos, el porcentahe de la deuda que saldará el Consell será prácticamente nulo en muchos casos.

Farmacias

El caso de las farmacias es quizá uno de los más llamativos. La Generalitat debe ya a las boticas de la Comunidad casi 600 millones de euros porque no ha abonado sus aportaciones de los últimos cuatro meses y medio. Pues bien, del dinero del FLA se destinarán 118 millones a los farmacéuticos. O lo que es lo mismo, una quinta parte del total de deuda. La situación del sector es tan delicada que algun0s establecimientos comienzan a sufrir desabastecimiento de determinados medicamentos, especialmente los más caros. Hay un dato que explicita las dificultades por las que atraviesa el sector. Más de 200 farmacias de la Comunidad han tenido que solicitar ya un concurso voluntario de acreedores por culpa de los impagos del Ejecutivo. "La situación es insostenible", sentencia el propietario de una botica alicantina.

Ayuntamientos

Las entidades locales de la Comunidad tampoco recibirán un balón de oxígeno gracias al FLA. Al menos de momento. La Generalitat mantiene una deuda de 256 millones de euros con 299 ayuntamientos valencianos -80 de ellos de la provincia de Alicante- y solo ha reservado ahora una partida de 23 millones para ellos. El grueso del dinero que les adeuda, por ende, deberá esperar.

Bienestar Social

Uno de los colectivos que ha denunciado de manera más airada los impagos del Consell ha sido el de la dependencia. Cientos y cientos de personas se han echado a las calles de Alicante, Castellón y Valencia para denunciar los "constantes retrasos" en los pagos de las ayudas. Algunos datan ya incluso de 2010. Esos impagos han dejado en jaque a centros ocupacionales, centros de días, residencias, centros tutelados, centros especiales de empleo, colegios de educación especial y colegios de atención temprana. El adelanto del Fondo Autonómico de Liquidez permitirá saldar solo 18 de los 50 millones de deuda global. Ni la mitad.

Turno de oficio

La cantidad que se destinará a reducir la deuda con el turno de oficio también será exigua. La Generalitat, salvo cambio de última hora, repartirá 700.000 euros en la Comunidad para todo el ámbito judicial, cuando solo en la provincia de Alicante adeuda cerca de 1,5 millones. Y es que el Consell no ha abonado todavía ninguna asistencia prestada en lo que va de año.

Sector del libro

La deuda con el colectivo ronda los 32 millones y el primer adelanto del FLA apenas le llegará. De acuerdo con los datos facilitados por el conseller de Hacienda, los libreros tendrán que esperar.

Educación

El Consell solo podrá saldará 33 millones de la enorme deuda que mantiene con el sector educativo. Especialmente, con el transporte escolar, los centros concertados y las empresas que se encargan de los comedores escolares.