El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante presentará una solicitud al pleno de noviembre por la que pedirá la constitución de una comisión de investigación que analice las adjudicaciones concedidas desde 2003 al empresario Enrique Ortiz, uno de los principales imputados en las distintas ramas del 'caso Brugal', así como la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.

La medida ha sido anunciada este viernes en rueda de prensa por el secretario general de la Ejecutiva local del PSPV-PSOE, Gabriel Echávarri, y por el portavoz del partido en el consistorio, Miguel Ull, quienes han apuntado que la propuesta será trasladada al resto de grupos municipales de la oposición --Esquerra Unida (EU) y Unión, Progreso y Democracia (UPyD)-- para que la secunden.

Así, Ull ha explicado que la iniciativa pretende llevar a debate en sesión plenaria los contratos públicos otorgados durante las dos últimas legislaturas y la presente a empresas relacionadas con Ortiz, de quien ha agregado que recibe "uno de cada cuatro euros" del presupuesto del Ayuntamiento de la capital alicantina.

Igualmente, ha concretado que el empresario percibe el 60 por ciento de la partida presupuestaria correspondiente a la Concejalía de Atención Urbana, equivalente a 48 millones de euros sobre los 80 totales.

El portavoz ha detallado que las empresas de Ortiz son adjudicatarias del contrato de limpieza pública y recogida de residuos, que actualmente está en fase de prórroga, y que ha cifrado en 40 millones de euros, además de las contratas para el mantenimiento del cementerio --900.000 euros--; mantenimiento parcial de las vías públicas, en proceso de adjudicación --1,8 millones--, y limpieza de dependencias municipales y de colegios --9,1 millones de euros--.

A la vista de estas cifras, el socialista ha reclamado un "debate en audiencia pública", que ha considerado "urgente y necesario", al tiempo que ha resaltado que en caso de que el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Alicante, del PP, no apruebe gracias a su mayoría la composición de este órgano no permanente, esa actitud "decantará la postura" de los 'populares' "al rechazar la investigación y que se conozca la verdad".

La citada comisión, en función de la normativa recogida en el reglamento del pleno, estaría formada por seis miembros del Partido Popular, otros dos correspondientes al PSOE, uno de EU y otro de UPyD, tal y como ha indicado el propio Ull.

"CAIGA QUIEN CAIGA"

Por su parte, Echávarri ha criticado que la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, imputada por la pieza del 'caso Brugal' que investiga posibles irregularidades en la elaboración del PGOU, no contestara el pasado martes durante su declaración en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a las preguntas del PSPV, personado en la causa como acusación.

En este sentido, ha enfatizado que la primera edil "actúa de forma clandestina, oculta, escondida y preocupada por sus intereses", y ha recalcado la "importancia" de la comisión solicitada por los socialistas para "poder dar luz sobre el Ayuntamiento". "Queremos la comisión de la verdad, caiga quien caiga, estamos en una situación de emergencia, y si se pudieran adelantar elecciones a nivel municipal, Alicante sería un ejemplo de manual", ha subrayado.

El secretario general local ha opinado que "todas" las adjudicaciones realizadas a Ortiz "están bajo sospecha", y ha reclamado que sean "examinadas" al completo. "Es una oportunidad histórica para que la gente conozca la verdad", ha manifestado, tras lo que ha añadido que la imagen que la ciudad da al exterior, a la vista del volumen de las contratas concedidas al empresario, "es que está todo el pescado vendido, que está todo preconcebido".