Que sus hijos no pierdan más clases. Es el objetivo que se han propuesto desde la Federación provincial de padres de alumnos Gabriel Miró. Para insistir «de una forma definitiva» sobre ello ante la Conselleria de Educación, han decidido llevar a juicio a la Administración y reclamarle el dinero de todas las horas que llevan perdidas los escolares por no cubrirse las bajas por enfermedad de los profesores, como asegura el presidente del colectivo de las familias, Ramón López.
Desde la Conselleria de Educación afirman que colegios e institutos disponen de plantillas suficientes para cubrir las bajas puntuales de los docentes enfermos; mientras que desde los centros replican que, con la masificación de alumnos y el aumento de horas lectivas docentes por real decreto, ya no disponen de tiempo para cubrir la falta de los compañeros. Ante esta situación que en el día a día deja a los escolares sin clase -FETE-UGT calcula que los alumnos sin profesor en alguna asignatura ya han perdido en un mes 24 horas de clase cada uno- la formación de padres ha puesto el asunto en manos de su servicio jurídico «para demandar por la vía contencioso-administrativa a la Conselleria de Educación y reclamarle que pague todas las horas que pierden de clase nuestros hijos, porque es dinero que tendrán que poner las familias para recuperar las clases en academias privadas», sostiene López.
La Fapa ha reconvertido las horas de clase en dinero, en función de las que se dejan de dar en un instituto tipo de la provincia por la falta de profesores, «y que el juez decida. No descartamos ir más allá del contencioso para exigir una indemnización económica a consecuencia de la falta de medidas reales contra el fracaso escolar», advierten.
Según las cuentas de que parten los padres, de las 170 bajas docentes que había en el comienzo de este curso-según datos de la propia conselleria-, apenas se han cubierto el 50% «y todo eso es dinero que se ahorra la Administración a costa de la falta de formación de nuestros hijos, a quienes les asiste el derecho a la enseñanza como contempla la Constitución», advierte López. Teniendo en cuenta que el coste de los 51.000 docentes de la Comunidad es un 20% de todo el presupuesto educativo (2.280 millones al año), y que cada docente cuesta unos 43.000 euros dividido en catorce pagas, resultan, siempre según los datos de la Fapa Gabriel Miró, 3.131 euros por docente de baja sin cubrir. «Los 90 que todavía faltan en la provincia suman casi 300.000 euros, el doble desde que empezó el curso», aseguran. «Hemos reclamado a Educación que nos demuestre centros a centro las horas del profesorado y que podrían cubrir a otros profesores porque, si no es así, deberá decidir el juez».
La salud del interino
Por otra parte, el sindicato STEPV exige a Educación que retire la petición de la historia clínica personal de cada interino que contrata «porque atenta contra la información de datos privados». Educación ha recurrido a la legislación de Sanidad «de 2008, que desburocratiza las consultas para que se dedique más tiempo a la asistencia», para evitar la saturación para emitir los certificados médicos, afirman desde la conselleria. En las citadas instrucciones figuran las «solicitudes del estado de salud para el acceso a oposiciones o similar, en que se emitirá el informe de la historia clínica electrónica (SIA)», necesaria ahora para tener una nómina.
Evaluación del alumnado
La conselleria hace un ranking de centros
La información que Educación ha remitido a todos los colegios e institutos, sobre el resultado particular de las pruebas diagnósticas a los alumnos de cuarto de Primaria y segundo curso de Secundaria, ha provocado la denuncia de la federación de enseñanza CC OO. El sindicato lamenta que la conselleria culpe a los centros de los resultados, sin tener en cuenta el entorno socioeconómico en el que se encuentran, las características de sus alumnos, ni la plantilla docente o los programas y recursos económicos con que cuenta cada uno. «Defendemos la utilidad orientadora de las evaluaciones», dicen, pero deploran que «no se incluyan medios» para que se mejore; y entienden que al informar a cada centro sobre su puesto particular en el ranking general «se está incumpliendo el compromiso de que se evitaría una clasificación, según establece la LOE: «En ningún caso podrán ser utilizados los resultados para la clasificación de los centros». A la Fapa Gabriel Miró le preocupa, además, que con esta información y el futuro distrito único sean los centros los que elijan al alumno.
