Los dependientes tendrán que pagar por el servicio de teleasistencia. Así se desprende del borrador que la Conselleria de Bienestar Social está preparando para adaptarse a los cambios normativos de la Ley de Dependencia adoptados el pasado mes de julio por el Gobierno central.
El servicio de teleasistencia permite a las personas mayores o discapacitadas que viven solas entrar en contacto verbal con un centro de atención especializada pulsando el botón de un medallón o pulsera que llevan constantemente puesto las 24 horas del día.
Según se desprende de este borrador, la persona beneficiaria participará del coste del servicio de teleasistencia «según su capacidad económica» de acuerdo con una serie de intervalos. Quienes cobren menos de 532 euros al mes estarán exentos de aportación. Entre 532 euros y 798 la aportación será del 50 por ciento y, por encima de esa cantidad, los usuarios abonarán hasta el 90 por ciento del coste del servicio.
Actualmente, según explican fuentes del sector de la dependencia y del sindicato CC OO, «casi ningún dependiente paga por la teleasistencia», cuyo coste varía mucho en función del tipo de servicio que se preste. Actualmente 22.000 personas se benefician de la teleasistencia en la provincia y sólo un millar pagan por ella, señalan desde Cruz Roja, encargada de prestar este programa de ayuda en la provincia. Gracias a convenios con Diputación, ayuntamientos y Conselleria, el servicio es gratuito para la práctica totalidad de los dependientes. «Sólo pagan unas mil personas que disponen de rentas elevadas», sostienen desde la ONG.
Pero este no es el único desembolso al que tendrán que hacer frente los dependientes con la nueva norma que prepara la Generalitat Valenciana. «El borrador recoge nuevos copagos para el usuario por otros servicios como los centros de día y de noche o el servicio de ayuda a domicilio, aunque todavía están por determinar a falta de las directrices que marque Madrid», explica Salvador Roig, responsable de Comunicación de CC OO.
Forma progresiva
En este sentido, el documento detalla que «la participación de la persona beneficiaria en el coste de los servicios se hará de forma progresiva mediante la aplicación de un porcentaje en función de su capacidad económica y hasta alcanzar el 90 por ciento del coste de referencia del servicio».
Una situación que se suma al recorte en un 15 por ciento de las prestaciones al cuidador familiar, anunciadas el pasado mes de julio por el Ejecutivo central, y a la eliminación sus cotizaciones a la Seguridad Social.
Por otro lado, CC OO denuncia que con la modificación de la Ley de Dependencia habrá una reducción en determinados servicios, como el domiciliario, «que se recortará en 20 horas mensuales para los dependientes de grado I en cumplimiento de las órdenes marcadas por Madrid», denuncia Salvador Roig.
La nueva norma del Consell modifica, además, los grados de dependencia. Se suprimen los niveles 1 y 2 dentro de cada grado. Esto, señalan fuentes del sector de la dependencia, «supone en la práctica una reducción en la cuantía de las prestaciones y en la intensidad de los servicios».
Para el sindicato, esta reforma de la Ley de Dependencia «reproduce el mismo patrón regresivo en términos sociales, recesivo en términos económicos y letal para el empleo, que ha orientado la reformas laboral, sanitaria, educativa y de protección por desempleo».
Roig recuerda que la Administración «tarda una media de tres años en resolver los expedientes de solicitud de dependencia y se calcula que más de 20.000 ciudadanos de esta Comunidad han fallecido antes de recibir prestación alguna». Según los datos de CC OO, «solo en la provincia de Alicante la lista de espera supera las 12.000 personas».
Familiares sin cobrar las nóminas de agosto y septiembre
La Conselleria de Bienestar Social todavía no ha pagado las nóminas a de agosto y septiembre a los cerca de 24.000 cuidadores de personas dependientes en la Comunidad Valenciana. Un dinero que no llegará hasta que no se libere el esperado Fondo de Liquidez Autonómico, el mismo con el que el Consell ha prometido hacer frente a su deuda con los farmacéuticos de la Comunidad Valenciana. La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia denuncia la «situación tremendamente injusta e insostenible» que viven estas familias y «los permanentes ataques» que están sufriendo.
Por otro lado, la Conselleria de Justicia otorgará a partir de ahora las ayudas a cuidadores no profesionales de personas dependientes sólo como una medida excepcional. El proyecto de orden con el que trabaja la conselleria introduce que «únicamente se podrá ofertar siempre y cuando no sea posible el acceso a un servicio o a una prestación económica vinculada al servicio».
