José Císcar lo anunció y los cuatro síndics en las Cortes se postularon a favor. "Nadie cobrará más que el presidente de la Generalitat". Esa era la premisa que PP, PSPV, Compromís y EUPV comenzaron a defender este verano con dos fines claros. El primero, que ningún cargo público cuente con un salario superior al del jefe del Consell, a la sazón el máximo responsable político de la Comunidad. Parece de cajón. Y el segundo objetivo no era otro que trasladar a la calle una imagen de austeridad, ahora que miles y miles de familias se topan de bruces con la crudeza de la crisis.
Pues bien, han pasado ya casi tres meses desde entonces y las rebajas salariales no han llegado. Exceptuando, eso sí, las individuales que han acordado de motu proprio varios parlamentarios, entre ellos los de la Mesa de las Cortes. Pero la regulación de los sueldos por ley está paralizada. El síndic socialista en la Cámara, Antonio Torres, recordó ayer a este diario que su grupo presentó una "solicitud formal" a finales de julio para que se convocara la comisión de Gobierno Interior de las Cortes, la encargada de debatir y aprobar las retribuciones salariales de los cargos públicos de la Comunidad. Pero los populares la mantienen en "stand by". En la junta de síndics de esta misma semana, el propio Torres sacó de nuevo el tema a colación. Y la fecha que se le dio fue finales de octubre. "Están retrasando la convocatoria de la comisión porque todavía no tendrán ninguna propuesta concreta", censuró ayer el portavoz socialista.
Y es que no hay ni uno, ni dos, ni tres cargos públicos que perciban unos emolumentos mayores a los de Alberto Fabra. Hay muchos más. La alcaldesa de Valencia, por ejemplo, cobra cerca de 87.000 euros anuales. Y el director del aeropuerto de Castellón -aún sin tráfico aéreo-, Juan García Salas, se embolsó el pasado año 88.104 euros, casi 4.000 más que un año antes. Esos dos son solo algunos casos. El jefe del Consell, por su parte, cuenta con una asignación de 77.082 euros -67.615 de salario y 9.467 de complemento por distancia, dado que vive en Castellón y su centro de trabajo está en Valencia-.
La "solicitud formal" socialista se circunscribía únicamente a los parlamentarios de la Cámara. Sin embargo, la bancada del PSPV también ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para hacer extensiva esa propuesta a todos los municipios de la Comunidad. Desde Vinarós hasta Pilar de la Horadada. Los socialistas quieren limitar los salarios de los alcaldes, secretarios de los ayuntamientos, oficiales, interventores, altos funcionarios en general o gerentes y directivos de empresas públicas locales o autonómicas, que en muchos casos superan claramente el sueldo de Fabra.
En la PNL se insta además a promover "las medidas oportunas para que ningún miembro de cualquier institución estatutaria de la Comunidad Valenciana, así como el personal dependiente" cobre más que el jefe del Consell.
Coto a los salarios múltiples
Las reivindicaciones socialistas no se quedan ahí. El PSPV también llevará una propuesta al hemiciclo para que se prohíban las compatibilidades a los 99 parlamentarios de las Cortes. "Queremos que todos los diputados tengan plena dedicación y no puedan compatibilizar su cargo público con su actividad privada. Porque ahora mismo hay muchísimos que cobran más que el presidente", apostilló Torres. Esta iniciativa tiene escasas posibilidades de salir adelante, ya que el PP ha venido defendiendo en las últimas semanas una rebaja del número de diputados para ahorrar.
Los tijeretazos ya han llegado a la Mesa
La Mesa de las Cortes, compuesta por el presidente de la Cámara, Juan Cotino, y los diputados del PP Alejandro Font de Mora y Antonio Clemente -sustituto de Angélica Such tras ser purgada por su imputación en Gürtel-, y los socialistas Ángel Luna y Carmen Martínez, adoptó a finales de julio reducir sus emolumentos hasta situarlos al nivel de los portavoces y el jefe del Consell, Alberto Fabra. La mayor reducción llegó en la nómina de Cotino, que ha visto cómo su salario ha menguado en un 32%. Ha pasado de cobrar 113.698 euros al año a 77.000. Ese tijeretazo fue histórico y supuso que el actual titular de las Cortes percibirá un 53% menos de lo que llegó a asignarse el expresidente Julio de España, 165.267 euros en 2007. Los otros miembros de la Mesa tenían hasta julio unos honorarios de 102.612 euros. A ellos se les rebajó el sueldo un 25%, con lo que pasaron a cobrar 76.000 euros anuales. En cuanto a los portavoces, Antonio Torres dispone de una asignación de 77.457 euros -al tener la residencia en Elche percibe el plus de distancia a las Cortes de más de 100 kilómetros-, mientras que el resto de síndics, Jorge Bellver (PP), Enric Morera (Compromís) y Marga Sanz (EUPV), tienen un sueldo de 70.397 euros.
