Las sociedades instrumentales que, según la juez, utilizó el empresario preso por el caso Blasco, Augusto César Tauroni, para blanquear dinero estaban a nombre de personas que no estaba dadas de alta en la Seguridad Social, o incluso, cobraban la prestación por desempleo, según las declaraciones que les tomaron el día de su detención. Los administradores, a los que se les imputan varios delitos, recibían ingresos de la ONG por servicios que presuntamente no prestaban. En el caso de José Luis Mezquita, no se acordaba ni del nombre de los cincos trabajadores que aseguraba trabajaron para él en uno de los proyectos.
Félix Sanz Pardo, administrador de Gestión Solar Pobla -una empresa que según la investigación recibió ingresos de la trama y fueron extraídos en tandas de "5.000 ó 7.000 euros"- afirmó que estaba en el paro desde 2011, cuando se hicieron algunas de las operaciones. Sanz fue también administrador de S&C Visión y Análisis de Ingeniería. El ahora imputado aseguró en el interrogatorio que el dinero que sacaba de las cuentas de Solar Pobla se lo entregaba a José Luis Mezquita.
Por su parte, Miguel Ángel Estruch estaba relacionado con las empresas Conscas, Macons y Monribar. Estruch aseguró que cobra los 426 euros de subsidio y que no tiene otros ingresos extraordinarios. El tercer empresario imputado que no disponía de trabajo durante las operaciones fue Luis Alfonso Freire. El administrador de Apima Ingeniería trasladó en su día a la juez que no trabajaba ni llegó a estar dado de alta en la Seguridad Social.
