El Tribunal Superior de Justicia imputó ayer formalmente a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y a su predecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, por las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. La decisión se produce tan sólo tres semanas después de que el TSJ valenciano se declarara competente para investigar esta causa. Los dos están citados a declarar el próximo 19 de octubre en Valencia por presuntos delitos de revelación de información privilegiada por autoridad, tráfico de influencias y un tipo de cohecho aún por concretar. Castedo está convocada a las diez de la mañana y Alperi dos horas después, a las doce del mediodía. Para adoptar esta decisión, el juez alude al escrito presentado por la propia alcaldesa pidiendo que se la llame a declarar "con carácter de urgencia" para poder defenderse. La decisión adoptada ayer por el juez Climent es recurrible.
Las presuntas irregularidades del Plan General de Alicante son una de las piezas separadas que se han abierto a raíz del llamado caso Brugal. En esta causa, se investiga si Castedo y Alperi facilitaron información sobre el futuro planeamiento urbanístico de Alicante al promotor Enrique Ortiz, también imputado, a cambio de regalos. Durante los dos últimos años, el caso ha sido instruido por el magistrado de Alicante, Manrique Tejada, que el pasado mes de julio acordó remitir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad la investigación dada la condición de aforados de Castedo y Alperi por ser diputados autonómicos. Como instructor de la causa ha sido designado al magistrado Juan Climent, el mismo que el año pasado presidió el juicio con jurado que sentó en el banquillo al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps por el caso de los trajes. Climent ha tomado la decisión apenas tres semanas después de que el TSJ se declarara competente para investigar el Plan General de Alicante y poco más de una semana después de que hubiera recibida la totalidad del sumario. En la providencia en la que ayer cita a los dos políticos a declarar en calidad de imputados, el juez se apoya en los indicios de delitos que el anterior instructor explicaba en la exposición razonada que remitió a Valencia, pero también en el escrito presentado por la propia Castedo ante el TSJ pidiendo declarar "con urgencia" para tratar de mitigar los efectos de la instrucción tanto sobre la figura de Castedo como en la imagen de la ciudad.
El magistrado ha previsto un lapso de dos horas entre una declaración y otra, lo que indica que prevé un interrogatorio largo.
En las resoluciones dictadas ayer, Climent ha descartado de momento el archivo de las diligencias para otros implicados en la causa. En el procedimiento, además de la primera edil y de su antecesor, están imputadas otras quince personas más, aunque Tejada planteaba en las conclusiones de su investigación que se sobreseyera la causa para nueve de ellos, entre los que se encontraban exdirectivos de la CAM y de Bancaixa, así como empresarios. Dos de ellos vinculados al promotor Enrique Ortiz, Aurelio González Villarejo y Vicente Pérez Cañas, se han apoyado en estos razonamientos del juez Manrique Tejada para pedir el archivo de las actuaciones en todo lo que les afecta. Climent argumenta que "la causa todavía no está conclusa" y asegura que de momento "no ha lugar" dicha petición, sin perjuicio de que se pueda acordar más adelante según marchen las diligencias.
Indicios e imputados
La exposición razonada de Manrique Tejada solicitaba que la causa continuara para seis de los imputados: el promotor Enrique Ortiz y su mujer; el redactor del PGOU Jesús Quesada; los abogados José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa, y Javier Gutiérrez, este último exconcejal del PSOE; y el empresario Ramón Salvador Águeda.
La investigación se basa en las intervenciones telefónicas al empresario Enrique Ortiz, que tenía el teléfono intervenido por las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Zonal de Basuras de la Vega Baja. Las conversaciones apuntaban que Ortiz pudo recibir información reservada del futuro planeamiento urbano de Alicante por parte de Castedo y Alperi. La investigación policial también se centró en la reunión que mantuvo Ortiz en Urbanismo con el redactor del PGOU y la entonces edil de Urbanismo, Sonia Castedo, cinco meses antes de que el plan se hiciera público. El juez Tejada citaba entre los regalos recibidos por los aforados varios viajes (a Andorra en el caso de la alcaldesa y a Creta en el de Alperi), el pago de gastos a una empresa del hijo del exalcalde, así como un coche que después Castedo presuntamente habría cedido a una amiga. El magistrado en las conclusiones que en julio remitió al TSJ destacaba la capacidad de Ortiz para "influir en las autoridades públicas (...) prevaliéndose de su especial relación personal con Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi".
Rechazan devolver los discos duros al hermano de la alcaldesa
Los discos duros con la información intervenida en el registro del despacho de abogados donde trabaja el hermano de la alcaldesa no serán devueltos a los letrados de momento, según la providencia dictada ayer por el magistrado Juan Climent. La resolución incide en que estos discos duros son medios de prueba para esta causa, en cuanto que se trata de medios físicos de soporte de información que tienen carácter de originales, por lo que no procede su devolución en este momento. Los ordenadores fueron requisados en el registro del despacho de los abogados Castedo y Gutiérrez practicado por la Policía en abril de 2011. El anterior instructor Manrique Tejada permitió a los abogados que llevarse los ordenadores pero sin sus discos duros, de los que se pudieron hacer una copia de seguridad, ya que contenían información imprescindible para el funcionamiento del despacho. Los letrados habían solicitado al TSJ que les devolviera los discos duros que se quedó el juzgado, pero el juez ha estimado que de momento no procede devolver nada.
