Los tres diputados del grupo parlamentario popular en las Corts Valencianes --Rafael Blasco, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi-- comparecerán como imputados con un intervalo de 24 horas, los días 18 y 19 de octubre, ante dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), que investigan los conocidos como 'caso Brugal' y 'cooperación'.

La imputación de los tres parlamentarios también se ha conocido entre este lunes y hoy martes y obligará a pasar por el TSJCV, en primer lugar, a las 10.00 horas del 18 de octubre al síndic del PP en la Cámara, Rafael Blasco, que ya ha anunciado que deja definitivamente el cargo aunque no el escaño, por la 'causa Cooperación', en la que la magistrada Pía Calderón investiga un presunto fraude en la concesión de subvenciones a ONG por parte de la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, que dirigió entre 2008 y 2011.

La magistrada que investigó la causa antes de elevarla al TSJCV consideró que hay "sólidos indicios" de la participación de Blasco en la comisión de hechos calificados inicialmente como delitos de fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Para el 19 de octubre, el juez Juan Climent ha citado a las 10.00 horas a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y a las 12.00 horas a su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, por el 'caso Brugal' en el que investiga presuntas irregularidades en la revisión y modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Castellón. Ambos declararán por los supuestos delitos de revelación información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.

OTROS SIETE IMPUTADOS MÁS

Estos no son los tres únicos diputados imputados que tiene el grupo parlamentario 'popular' --que cuenta con 54 escaños-- en sus filas por diferentes casos. Los más numerosos, por la conocida como 'causa de financiación' derivada del 'caso Gürtel', en la que también se investigan la adjudicación de contratos a Orange Market, una de las empresas implicadas en la trama. Por este caso, están encausados Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra, Milagrosa Martínez, Angélica Such y Yolanda García.

El exalcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, es el que presenta una condición judicial más avanzada ya que la instrucción por una adjudicación del servicio de recogida de residuos sólidos de la la localidad ha concluido y se sentará en el banquillo el 26 de octubre, acusado de falsedad en documento público y prevaricación.