No habrá ni un paso más, ni uno menos. Se dará, simplemente, el que toque. La cúpula autonómica del PP descarta, al menos por ahora, promover el relevo de Sonia Castedo en la Alcaldía de Alicante. Pero, sin embargo, sí aplicará hasta la última coma de los estatutos aprobados por iniciativa del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en el último congreso celebrado el pasado mes de febrero en Sevilla. Eso obligará al PP a la apertura de un expediente, por ahora de carácter informativo, a Castedo y también a su antecesor y también diputado Luis Díaz Alperi, justo después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) anunciara ayer que ambos declararán el próximo 19 de octubre como imputados por los supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho dentro de la investigación por el presunto amaño del plan urbanístico de Alicante, una pieza que tiene su origen en la operación Brugal.
A la cúpula popular le preocupa el panorama que se empieza a dibujar. La imputación de Castedo y Alperi, de hecho, pone en un brete a los dos dirigentes que han timoneado la gestión del Ayuntamiento de Alicante durante los últimos 17 años. La dirección del PP centrará sus esfuerzos en salvar a la primera edil, a la que se sigue considerando un activo. No ocurre lo mismo con Alperi, en la recta final de su carrera política y completamente desconectado de la actual cúpula popular. Así que, de momento, el PP facilitará a Castedo la opción de defenderse. Confían en la cúpula popular en el margen de maniobra de la primera edil alicantina para demostrar su inocencia a sabiendas de que la instrucción judicial puede ser, señalan estas fuentes, "un calvario". Nadie de la dirección popular salió a la palestra ayer para defenderla. La "línea roja", en todo caso, sigue siendo la apertura de juicio oral. Llegados a este punto, el PP sí se podría empezar a plantear un posible relevo en el consistorio alicantino. Pero eso está por llegar.
De todas maneras y aunque los populares mantengan su confianza en la posibilidad de que Castedo salga airosa del envite, al titular de la Generalitat, Alberto Fabra, no le queda otra que aplicar los estatutos que él mismo redactó en el último congreso que el PP celebró en febrero con el objetivo de intentar lavar la imagen de un partido carcomido por las investigación vinculadas a corrupción. Y ese documento obliga a iniciar un expediente informativo tanto contra Castedo como contra Alperi. Y eso es lo que ser hará. Posteriormente, en el hipotético caso de que se produjera la apertura de juicio oral, el expediente pasaría a ser disciplinario con resolución definitiva cuando se publicara la sentencia. Fabra está obligado a seguir ese camino. No aplicar la misma línea de actuación con todos los cargos del PP involucrados en investigaciones judiciales acabaría alimentando aún más la brecha interna dentro de la oganización. Así que el líder del PP está obligado a medir a todos por el mismo rasero para intentar contener el alcance de la herida.
Con Luis Díaz Alperi, sin embargo, el escenario es completamente diferente. Hace tiempo que las relaciones entre el exalcalde de Alicante y la cúpula popular acumulan un importante deterioro. Y, además, ese divorcio del PP con Alperi se ha acrecentado tras la decisión del exprimer edil de negarse a dejar su escaño en las Cortes Valencianas, una voluntad que el diputado ya ha transmitido a la dirección del PP. Tanto Castedo como notables populares entendían que la estrategia procesal de la alcaldesa se podría encauzar mejor e, incluso, que el procedimiento se acelerara en el supuesto de que ambos dejaran el sillón de las Cortes para perder la condición de aforados y que, de esa manera, la instrucción retornara a Alicante. Pero con Alperi dispuesto a atrincherarse en el Palau dels Borja, a Castedo sólo le queda la opción de esperar que los trámites, como ella mismo reclamó, sean rápidos. Solicitó declarar lo antes posible y el juez ya le ha citado. Ahora tendrá ella la palabra y, como dijo, podrá defenderse.
