Nada más hacerse pública la decisión del TSJCV de llamar a declarar como imputada a Sonia Castedo, los grupos de la oposición en el Ayuntamiento exigieron su dimisión. Así, el portavoz del grupo socialista, Miguel Ull, considera "intolerable" que Castedo continúe al frente del consistorio. "Toda su labor como alcaldesa y máxima responsable del urbanismo de Alicante está quedando en entredicho después de esta imputación judicial", señaló el concejal. Ull añadió que la alcaldesa "está actuando de forma negativa para los asuntos del Ayuntamiento que está paralizado y que está perjudicando a la sociedad alicantina". Al tiempo, pidió al presidente de la Generalitat y líder del PP en la Comunidad, Alberto Fabra, que "cumpla con lo que ha dicho y cese de sus responsabilidades políticas a los políticos imputados y, si no lo hace, actuará en connivencia con los imputados por corrupción".

El portavoz municipal de EU, Miguel Ángel Pavón, por su parte, consideró ayer que "el PP local debe exigir a Castedo su dimisión como alcaldesa y forzarle mediante una moción de censura si se niega a dimitir, poniendo en el cargo a alguien que esté libre de cualquier sospecha de corrupción". Para el edil, "Castedo pretende obviar su responsabilidad política aferrándose al cargo de alcaldesa pese al daño que está causando a la imagen del Ayuntamiento y de la ciudad" añadiendo que "debería ahorrar a los alicantinos el denigrante espectáculo de ver a una alcaldesa de Alicante declarar por la presunta comisión de tres graves delitos de corrupción: cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada. Que declare para defenderse, pero sin ser ya alcaldesa". Pavón pidió además la suspensión de la tramitación del nuevo Plan General de Alicante.

El portavoz municipal de Unión Progreso y Democracia, UPyD, Fernando Llopis, también cree que "la alcaldesa debe dimitir mientras esté imputada" dado que "siempre hemos rechazado la presencia de imputados por delitos contra la administración en listas electorales y cargos públicos". A su juicio, "por coherencia con las ideas de UPyD, lo mejor para la institución y para Alicante es que durante el tiempo que dure su imputación en el proceso judicial, la representación institucional recaiga sobre otro edil de la Corporación". En este sentido, Llopis ha pedido la convocatoria de un pleno extraordinario que sirviera para la votación de un nuevo alcalde.

También desde los sindicatos mayoritarios se considera que tanto Sonia Castedo como Luis Díaz Alperi deben dimitir de sus cargos en la administración local y en las Cortes Valencianas. A juicio del secretario general de UGT en l´Alacantí, Oscar Llopis, "ésta era una situación insostenible sobre todo desde que se conocieron las escuchas que avergonzaban al más pintado y es importante que la justicia actúe y que la ciudad deje de estar en boca de toda España por este tema". Según el sindicalista, "se dice mucho por parte del PP que la confianza es lo primero pero esta situación no da ninguna confianza" para añadir que "el PP en su código ético hablaba de que cuando hubiera imputación deberían dimitir, por tanto deberían hacerlo si cuando declaren sigue manteniéndose la imputación". Oscar Llopis recordó ayer que "Sonia Castedo ha dicho muchas veces que en 10 minutos ante el juez lo aclarará todo, por tanto, si no es así y se mantiene la imputación cuando declare, debería presentar la dimisión".

La secretaria general de CC OO en l´Alacantí y les Marines, Consuelo Navarro Saez, también pidió ayer la renuncia de Castedo y Alperi. A su juicio, "los partidos y sobre todo los representantes públicos tienen que tener la máxima transparencia y comportamiento de carácter ejemplar de cara a sanear lo que es el ejercicio de la política" para añadir que "yo creo que tendrán que aplicar sus propios códigos de conducta y dar cuenta a la ciudadanía de forma responsable de lo ocurrido y, por respeto al cargo, deberían plantearse la dimisión". Para Consuelo Navarro, "las acusaciones son bastante duras y resultan especialmente sangrantes sobre todo en el momento actual cuando los trabajadores están siendo sometidos a recortes y hay un gran desprestigio de los políticos que deberían ser consecuentes con los discursos de sus propios partidos.

Las entidades económicas y sociales de Alicante consultadas por este diario, eludieron ayer opinar sobre la imputación a la espera del dictamen judicial.