La alcaldesa, Sonia Castedo, afirmó sentirse "satisfecha" de estar imputada en la causa sobre presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de la ciudad porque, según aseguró en unas declaraciones remitidas por escrito a este diario, "es la única manera que tengo de defenderme". La primera edil, que descarta dimitir como le exigen los grupos de la oposición, agradeció al Tribunal Superior de Justicia "que haya considerado mi escrito, en el que solicitaba ser citada de forma urgente a declarar y le haya dado una rápida respuesta".

Un día después de que el alto tribunal autonómico hiciera pública su decisión de asumir la causa sobre el PGOU, la primera edil le remitió el citado escrito reclamando declarar de forma inmediata para ejercer su derecho de defensa. Fue el 12 de septiembre y ayer mismo se conoció la decisión del TSJ de llamarle a declarar como imputada. Una agilidad que Castedo agradeció al considerar que "la condición de imputada es la garantía de mi derecho a defenderme". En esa línea apuntó que "a partir de este momento" tendrá la "oportunidad" de explicarse "de manera mucho más exhaustiva y ante el órgano competente". Será el 19 de octubre y unas horas antes de que lo haga el exalcalde Luis Díaz Alperi, quien ayer no quiso realizar declaraciones acerca de su imputación.

Cuando un 18 de septiembre de 2008 Alperi le cedió la vara de mando de la ciudad, difícilmente podía imaginar Sonia Castedo que cuatro años después tendría que ir de la mano de su "mentor y amigo", como ella misma lo definió entonces, a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia para responder ante unos escándalos de corrupción que han venido sacudiendo la vida municipal desde que salieron a la luz en julio de 2010. Fue entonces cuando el juez de Orihuela que investigaba el caso Brugal originario -centrado en la supuesta corrupción en la gestión de las basuras en la Vega Baja y que alcanzó su mayor magnitud en julio de 2010 con la detención durante 12 horas del entonces presidente de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll, de varios concejales oriolanos y de los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll- envió a los juzgado de Alicante una causa separada por presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El magistrado, Manrique Tejada, asumió la investigación de las presuntas irregularidades. Los pinchazos telefónicos, que se remontaban a 2008, revelaron la estrecha relación entre el empresario Enrique Ortiz, el exalcalde y su sucesora y anterior edil de Urbanismo. Vacaciones y fiestas en el yate del empresario, viajes a gastos pagados y costosos regalos que la Fiscalía Anticorrupción calificó de dádivas del empresario hacia los políticos para, presuntamente, obtener información privilegiada sobre el Plan General en trámite. A finales de octubre de 2010, el escándalo estallaba y la alcaldesa se vio empujada a comparecer públicamente. Lo hizo el 26 de octubre en una multitudinaria rueda de prensa en la que ella misma repartió a los periodistas el escrito del fiscal Anticorrupción en el que se le atribuían presuntos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho.

Castedo admitió que fue de vacaciones a Ibiza con el yate del empresario y que le pidió que contratara a gente en paro, pero negó cualquier trato de favor a Ortiz asegurando que "no consiguió nada de lo que pidió". Esa ha venido siendo la columna vertebral de su defensa desde entonces. Ya en ese momento, Castedo se dirigió al juzgado para pedir que se levantara el secreto del sumario y poder defenderse. No obstante, esa decisión judicial no se produjo hasta junio de 2011. Fue justo después de las últimas elecciones municipales, en las que la alcaldesa arrasó en las urnas, y supuso desempolvar más escándalos. Su condición de aforada, al igual que Alperi, al ser ambos diputados autonómicos, les mantuvo exentos de la imputación y de tener que declarar ante el juez. Sí lo hicieron otros implicados en la causa, como el redactor del Plan General, Jesús Quesada, el empresario Enrique Ortiz y el propio hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, y su socio en el bufete de abogados, el exedil socialista Javier Gutiérrez.

Un desfile al que el juez instructor puso fin con su decisión, el 6 de julio de este año, de remitir la investigación al Tribunal Superior de Justicia, al haber dos aforados en la causa, pidiendo la imputación de Castedo y Alperi. Dos meses después, el 11 de septiembre, TSJ decidió asumir la causa al ver indicios de delito en la actuación de ambos. Un día después, la primera edil remitió su escrito pidiendo declarar con urgencia, algo que podrá hacer el próximo 19 de octubre.