Al margen de su investidura, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, afrontará a partir del próximo martes su primer gran reto en las Cortes. Llega el titular del Consell al debate de política general en una situación muy compleja: una Comunidad intervenida, a expensas de un rescate de 4.500 millones y con Madrid revisando antes los presupuestos que las Cortes; en quiebra, con impagos generalizados y asfixiada por la segunda mayor deuda del Estado; que arrastra una profunda depresión económica y un grave colapso financiero; con unos 600.000 parados apuntados en las listas del Servef; y, en clave interna, con once diputados del grupo popular pendientes de los juzgados. Una coctelera que ha conducido a la institución a su momento más crítico desde que hace tres décadas se aprobó el Estatuto que otorga el autogobierno a los valencianos. Con las encuestas internas que baraja el PP apuntando a un escenario sin mayoría absoluta y con las arcas vacías, a Fabra no le queda otra que ofrecer pactos a la oposición y "vender" una nueva agenda reformista, como recoge la declaración que el Consell ha remitido a las Cortes con los criterios generales de su intervención.
Hasta ahora, el presidente de la Generalitat se había refugiado en los muros del Palau para evitar el "cuerpo a cuerpo" parlamentario. En su investidura, celebrada en julio de 2011 tras la dimisión de Francisco Camps, no había todavía motivos para analizar a Fabra. El jefe del Consell se libró ese año del debate de política general, sesión con la que arranca la actividad parlamentaria tras el verano excepto los años en los que se elige presidente. En la aprobación del último presupuesto, el peso de la batalla con la oposición lo asumió el conseller José Manuel Vela. El vicepresidente José Císcar le ha "salvado" de dar la cara de forma pública en las dos tandas de recortes aprobadas ya por la Generalitat en 2012. Y otra vez Vela fue el elegido para subirse a la tribuna de las Cortes y explicar la petición de "rescate" al Gobierno. Hasta ahora, Fabra sólo se ha dejado ver en las contadas sesiones de control. Escaramuzas, al fin y al cabo.
Pero ahora el titular del Consell ya no puede seguir mirando los toros desde la barrera. Mientras la crisis empeora día a dia, el hemiciclo de las Cortes lleva casi tres meses cerrado a cal y canto. "Mientras aquí estamos de campo y playa, los ciudadanos lo están pasando mal", cargó contra el PP hace unos días Mónica Oltra, diputada de Compromís, con el objetivo de intentar remover la conciencia de los populares. Pero, junto a la situación económica que atenaza a Fabra, la cúpula de su grupo parlamentario necesitaba, además, apurar al máximo los plazos. El decorado de la bancada popular es extremadamente delicado. Nada menos que once diputados -uno de cada cinco- están pendientes de investigaciones judiciales por corrupción. El todavía síndic, Rafael Blasco, se sentará detrás de Fabra, a la espera aún de la decisión que tome el TSJ sobre el supuesto fraude en el reparto de las ayudas de Cooperación; también a expensas de los autos del alto tribunal valenciano están Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, inmersos en el supuesto amaño del PGOU de Alicante; al exalcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, ya le han fijado fecha del juicio para finales de octubre; otra media docena de diputados -Ricardo Costa, Milagrosa Martínez, Vicente Rambla, Angélica Such, David Serra y Yolanda García Santos- están imputados en Gürtel; y, finalmente, la alcaldesa de Ibi, Maite Parra, está pendiente de un sumario sin llegar aún al TSJ.
A falta de euros para prometer proyectos, con una deuda acuciante y con el paro desbordado, a Fabra no le queda otra salida que tratar de marcar agenda. Así que el titular del Consell intentará aportar ideas en materia de empleo y reactivación económica, al tiempo que volverá a plantear la reducción de la administración -las Cortes y los órganos autonómicos- para garantizar, dicen en el PP, su "viabilidad". Alberto Fabra podría imprimir, además, un giro a su estrategia y poner sobre la mesa la vía de llegar a pactos con la oposición. Pero su camino, desde luego, está lleno de espinas.
A la espera del fondo de rescate para
tratar de cuadrar los balances de 2012
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, también tratará de desmontar el "fantasma" del rescate de la Comunidad Valenciana, bautizado por el Gobierno del PP con el eufemismo de Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), y que se ha convertido en el último asidero de la Generalitat para tratar de llegar a la recta final de 2012 con una inyección de 4.500 millones que le permite tener ciertas garantías de cuadrar sus balances. El Consell es el segundo gobierno autonómico que ha registrado un mayor descenso de ingresos y ya se ha "comido" un adelanto de 680 millones, lo que le obliga a reclamar el fondo de liquidez como única vía para salvar el ejercicio. A esa esperanza tendrá que encomendarse Fabra para afrontar los impagos. P. r. f.
