El Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite el recurso promovido por los socialistas valencianos contra el decreto de medidas de ajuste aprobado el pasado mes de enero por la Generalitat, que incluía recortes por más de 1.000 millones. El líder del PSPV, Ximo Puig, definió el también denominado "decreto Vela" como una "vulneración clara de los derechos de los trabajadores". La citada impugnación fue anunciada el pasado mes de abril y cuenta con el respaldo de los sindicatos CC OO, UGT, CSIF, FSES e Intersindical, organizaciones que componen la mesa de negociación de la función pública valenciana.

Los magistrados, al aceptar este recurso, entienden que podrían existir indicios de inconstitucionalidad en la norma aprobada por el Consell. El citado decreto recoge una serie de medidas urgentes para la reducción de déficit en la Comunidad Valenciana, que tanto los sindicatos como el grupo socialista consideran un "ataque al Estatuto de Autonomía". Puig agradeció la colaboración por parte de la cúpula federal del PSOE. Cincuenta senadores socialistas respaldaron con su firma el recurso que advierte de la violacion de la libertad sindical y de la negociación colectiva. Así mismo, también avisa de la privación de bienes y derechos fundamentales, como son al trabajo, a una remuneración suficiente o a la igualdad.

Desde las filas del PSPV apuntan que la ejecución de este decreto supondría un retroceso para los empleados públicos valencianos. "Se procedería a una auténtica confiscación patrimonial prohibida expresamente en nuestra Constitución", denunciaron los socialistas valencianos en un comunicado. La norma no sólo congela el salario sino que, al disminuir el montante consolidado de retribuciones que afecta al concepto de "derechos adquiridos". Una "agresión a los derechos laborales" sobre la que el Poder Judicial tendrá que decidir.

Los socialistas proponen destinar a uso cívico parte del patrimonio de la Iglesia

Juan Soto, diputado socialista en las Cortes, presentó ayer una proposición no de ley para impulsar una "desamortización cívica" que permita el uso público del patrimonio de la Iglesia como compensación por las ayudas recibidas del Consell. Para llevar a cabo esta iniciativa sería necesario la elaboración de un inventario sobre todos los bienes que posee en la actualidad la Iglesia Católica. "Es de sentido común que se entregue parte del patrimonio a los ciudadanos para compensar el dinero recibido de los impuestos de los valencianos", señaló Soto. El representante socialista apuntó que durante los últimos 12 años se destinaron alrededor de 150 millones de euros a la rehabilitación y conservación del patrimonio eclesiástico. Desde el PP cargaron contra la propuesta del parlamentario del PSPV. Creen que los socialistas "diseñan su rumbo a base de extravagancias y se suben al carro del representante de IU, Sánchez Gordillo". a. s. s.