Varios propietarios de suelo de Rabasa han llevado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la aprobación, en el pleno de mayo, del texto refundido del plan urbanístico, en el que se prevé la instalación de Ikea, al entender que les es perjudicial. Así se desprende de un escrito remitido por el tribunal autonómico a la Gerencia Municipal de Urbanismo para reclamarles una copia del plan en soporte digital y darles la posibilidad de personarse en la causa. Se trata de un obstáculo judicial más para el polémico plan Rabasa y podría suponer una nueva zancadilla para la instalación de Ikea.
Fue en mayo cuando el Ayuntamiento en pleno, con los únicos votos a favor del PP y de UPyD y la oposición del PSOE y UPyD, aprobó el texto refundido del programa de actuación integrada del sector Las Lagunas de Rabasa, el conocido como Plan Rabasa, que incluía las modificaciones exigidas a la empresa Viviendas Sociales del Mediterráneo, Visomed, de Enrique Ortiz. La propuesta contempla, tal como se incluye en la documentación, fijar un presupuesto total de "cargas repercutible de 192.685.612 euros, sin IVA", cuatro millones menos de lo que solicitaba Ortiz.
La concejal de Urbanismo, Marta García-Romeu aseveró que el nuevo recurso judicial no pone en riesgo la implantación de Ikea y obedece a causas particulares que afectan a propietarios de poseen suelo en la zona, si bien no detalló el perjuicio por el que, al menos dos personas, han llevado su situación ante el TSJ.
Por otro lado, García-Romeu aseveró que el convenio con Adif para poder obtener los terrenos para acometer la segunda fase del Acceso Sur está a falta de la firma que, según dijo, podría producirse a finales de mes.
