La Sindicatura de Cuentas emitió ayer una auditoría sobre la gestión de los centros sanitarios concertados que ofrecen servicios de hemodialisis, el primero de una serie sobre los servicios que Sanidad tiene privatizados. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan este tipo de instalaciones es la falta de una financiación adecuada por parte del Consell, ya que del 2008 al 2011 la Generalitat les adeuda alrededor de 85.000 euros, lo que supone un 37, 4% de la facturación total a lo largo de este periodo.
Debido a la continuidad de la prestación que requieren los pacientes tratados con hemodialisis, el Síndic denuncia la falta de un reglamento en el caso de que por problemas de liquidez alguno de estos centros debiese de interrumpir sus servicios. Lo que se suele realizar en la práctica es recolocar a los enfermos en otros puntos sanitarios pero con la redistribución se puede ver "mermada la calidad del servicio", se advierte en el informe. Por lo que se emplaza al Consell a establecer un protocolo de actuación para cubrir estos casos.
Otra de las recomendaciones es "adecuar la duración de los contratos a los servicios prestados". Hasta ahora, de hecho, el plazo es demasiado corto. La auditoría también sugiere la determinación de unos indicadores que evalúen el cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia y economía de los servicios concertados y el seguimiento de los objetivos fijados. Como apunta el Síndic de Comptes, no se ha realizado ningun tipo de evaluación de los resultados asistenciales y tampoco está definido el contenido de la información que deben remitir los centros ni la forma de remisión.
