El pleno del Gobierno valenciano ha aprobado hoy un decreto destinado a aumentar el control sobre toda la actividad contractual de la Generalitat en materia de obras, servicios y suministros financiados con fondos públicos, según ha anunciado el vicepresidente del Consell, José Císcar.
Entre las medidas que introduce este decreto figura que, antes de reconocer una obligación o proponer un pago, se verificará materialmente -con la supervisión de la Intervención General- la efectiva realización de las obras, suministros o servicios y su adecuación al contenido del contrato o negocio jurídico.
Así, será necesario el examen e informe de los documentos justificativos de los mandatos de pago que se expidan para su ejecución, así como la comprobación de que el importe ha sido "debidamente invertido" en la obra, servicio o suministro de los que se trata.
Císcar ha defendido que, en el momento actual, la Administración debe ser "absolutamente rigurosa" en la gestión de los recursos públicos, y por ello conviene tener mecanismos de control en materia de comprobación de la inversión, como "garantía adicional sobre la real y efectiva aplicación" de los fondos públicos a la finalidad para la que fueron destinados.
El vicepresidente ha señalado que la verificación incluirá "todo tipo de comprobaciones", tanto materiales como documentales, con el fin de obtener "la evidencia suficiente en todos los casos" sobre el correcto destino de los fondos públicos.
En los contratos de obras, suministros o servicios adjudicados por importe igual o superior a 90.000 euros (excluido el IVA), los órganos de contratación -es decir, las consellerias o direcciones generales- deberán solicitar a la Intervención General de la Generalitat la designación de un representante para asistir al acto de recepción.
Su inasistencia determinará que no puedan entenderse como recibidas las prestaciones ni nazca la obligación de pago para la Administración, ha precisado el vicepresidente.
En estos casos, los órganos gestores deberán solicitarlo con una antelación de, al menos, quince días a la fecha prevista para el acto de recepción de la inversión.
Cuando los contratos de obras, servicios y suministros adjudicados por un importe inferior a 90.000 euros (excluido el IVA,) la designación se solicitará a la Intervención Delegada, siendo la asistencia potestativa para ésta.
El vicepresidente ha indicado que estas medidas de control no afectan a las subvenciones, que tienen su propio procedimiento, y ha precisado que no supondrán un coste adicional, ya que lo harán funcionarios de la Intervención General, ni supondrán un ahorro específico, pues lo que se busca es una fiscalización y mayor seguridad jurídica.
Císcar ha explicado que esta verificación ya existió cuando gobernaban los socialistas, quienes posteriormente la eliminaron de la normativa, y ha insistido en que este refuerzo del control forma parte de la política de austeridad del Consell.
Preguntado sobre si estas medidas están pensadas para evitar situaciones como las ocurridas en la empresa pública Emarsa, donde supuestamente se pagaron trabajos no realizados, Císcar ha indicado que no hay ninguna resolución judicial que pruebe que haya habido pagos sin prestaciones.
Por otra pare, el Consell ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat a ejercer la acción popular en el último caso de violencia machista, ocurrido en Torrent, y ha aprobado un convenio con regantes del Vinalopó, L'Alacantí y La Marina Baixa para aprovechar el agua del vaciado del embalse de San Diego.
