El azar ha querido que el primer magistrado del Tribunal Superior que se estrenó presidiendo un jurado popular en este órgano judicial contra el primer presidente de la Generalitat juzgado por un caso de corrupción (el asunto de los trajes del que el exjefe del Consell Francisco Camps salió absuelto) sea el instructor de la causa abierta contra los presuntos amaños del PGOU. Una decisión contra la que se han manifestado tanto Castedo como Alperi, los responsables de que el asunto se haya tenido que mandar a Valencia por su condición de aforados. Para ello aprovecharon el trámite de audiencia, en el que se les tuvo como personados solo los efectos de ser oídos sobre la competencia de la sala, y en sus alegaciones ambos coincidieron en que el asunto no se enviara al TSJ por falta de pruebas que les inculparan en los hechos que se les atribuyen.
También los representantes legales del empresario Enrique Ortiz pidieron la devolución del asunto al juzgado de Manrique Tejada para se completara la instrucción. Los letrados consideran que no se puede remitir la causa a Valencia cuando no se dispone aun en el juzgado de los objetos incautados en el domicilio, las oficinas y el yate del empresario, entre ellos un plano del PGOU al que tampoco han tenido acceso las partes, tal y como ya publicó este diario.
Por contra, y en el mismo trámite procesal, tanto el fiscal anticorrupción Felipe Briones como los abogados de EU y del PSOE, personados en la causa, plantearon que el TSJ asumiera la competencia de este asunto y lo investigara, como se ha decidido.
