Sindicatos y trabajadores de la empresa pública Vaersa (firma autonómica dependiente de la Generalitat Valenciana encargada de la gestión medioambiental de la Comunidad) criticaron ayer la precariedad a la que se someterá, a su juicio, a la población activa con el decreto anunciado el viernes por el Gobierno Central, que permite a los desempleados que cobran una prestación trabajar en la limpieza de montes incendiados si son reclamados por el Inem.
La secretaria general de CC OO l'Alacantí-Les Marines, Consuelo Navarro, indicó ayer a preguntas de este diario que la medida es una "ocurrencia" más del PP "cargada de demagogia y propaganda que servirá para recortar más garantías en los servicios públicos que vuelve a apoyarse en una criminalización de los parados".
Según Navarro, el "rescate" de parados para limpiar montes "es una falta de voluntad real de querer cambiar las cosas y la economía, que lo que necesita es creación de empleo". Asimismo, añadió que ese empleo es "justo el que están destruyendo, como el caso del ERE planteado en la empresa pública Vaersa".
El Consell anunció en verano que la firma autonómica Vaersa, encargada, entre otras cosas, de la prestación de servicios de prevención y vigilancia en los montes de la Comunidad Valenciana, iba a ser sometida a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a unos 350 trabajadores en la Comunidad Valenciana. El próximo 12 de septiembre está previsto que se dé a conocer el número total de trabajadores despedidos y en qué materias habrá más recortes. Uno de los puntos sobre los que el Consell ya ha puesto la tijera en los dos últimos años ha sido el de la prevención forestal.
Ayer, trabajadores de Vaersa consultados por este diario tildaron la medida de "desvergüenza" al permitir "rescatar a parados después de dejar en la calle a cientos de personas". Las fuentes consultadas destacaron que para la actuación en montes es necesaria "una cualificación o el uso de maquinaria pesada", por lo que sería "irrisorio" que se llamara a personas en paro que podrían llegar a ser los propios extrabajadores de estas empresas públicas, entre las que también estaría Tragsa, dependiente del Gobierno Central.
Actualmente, los servicios autonómicos de vigilancia forestal se han reducido hasta el punto de que zonas de monte como la demarcación 3 o la 1 de la provincia de Alicante -correspondientes a la Font Roja y la zona de Les Marines respectivamente- no cuentan con vigilancia durante cuatro meses de invierno y han reducido plantillas para el resto del año, así como la obra forestal, cuyo principal fin es la limpieza de montes o podas.
Desde UGT, su secretario en Alicante Óscar Llopis, incidió en "la precarización que supone llamar a personas en paro para la limpieza y cuidado de los montes mientras se cargan a la masa profesional encargada de ello actualmente". Llopis arremetió contra la "constante manía contra el colectivo de parados de este gobierno con el que pretenden pagar su mala gestión". "Es una nueva política de criminalización del parado, al que se le trata como un colectivo vegetal, cuando hay personas que no han recibido una sola oportunidad tras dos años en paro", añadió.
El gobierno de Rajoy anunció el viernes que los parados que se nieguen a limpiar monte quemado podrán perder la prestación. A cambio, el desempleado que lo haga podrá percibir el cien por cien de ésta.
