El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) se declaró ayer competente para asumir la investigación del presunto fraude en las ayudas de Cooperación del Consell, una decisión que abre un nuevo frente judicial a la dirección regional del PP que lidera Alberto Fabra y que, sobre todo, pone a Rafael Blasco, todavía síndic de los populares en las Cortes Valencianas, a las puertas de la imputación y del final de su extensa carrera política. En un breve auto de cuatro páginas, el alto tribunal valenciano se hace cargo del procedimiento al entender, tal y como se recogía en la exposición razonada remitida por el juzgado de instrucción, que el dirigente del PP -protegido por su condición de aforado y que, por tanto, sólo puede ser investigado por el TSJ- podría haber intervenido supuestamente en la comisión de seis graves delitos, todos penados con cárcel e inhabilitación, a lo largo de su etapa como conseller de Solidaridad durante los gobiernos de Francisco Camps.
A partir de ahora, la causa se continuará instruyendo en el TSJ después de que el pasado mes de junio un juzgado de Valencia apreciara indicios de delito en la actuación de Rafael Blasco y enviara el procedimiento al alto tribunal valenciano. En los razonamientos jurídicos que sustentan la resolución del TSJ y su decisión de tomar las riendas del sumario, precisamente, se alude a la condición de aforado del síndic del PP en las Cortes y a la posible participación del veterano dirigente popular en una trama que podría haber desviado fondos por importe de, al menos, 6 millones que, en principio, debían gastarse como subvenciones a ONG para proyectos en el tercer mundo. De los hechos, según el auto del TSJ, se desprende que la instrucción se centrará en esclarecer si se cometieron delitos de fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental. "En dichos hechos, sin perjuicio de lo que se desprenda de la instrucción y según se menciona en la Exposición Razonada, pareciera haber tenido intervención personal el Diputado de las Cortes Valencianas, Sr. Blasco Castany", tal y como recoge textualmente.
El procedimiento acumula, de momento, 19 detenciones -realizadas en dos fases- y 27 imputados. Además, Augusto César Tauroni, empresario y supuesto cabecilla de la trama, está en prisión desde marzo. Junto a la decisión de asumir la investigación, la sala de lo civil y lo penal designó, además, como instructora a la magistrada Pía Calderón, que ya conoce los entresijos de la causa al haber actuado, precisamente, como ponente del auto que ha llevado al TSJ a asumir la investigación del caso. La juez debe despejar ahora la incógnita y determinar ahora cuándo acaba citando a Blasco en calidad de imputado.
De los informes periciales y de la Policía se desprende que siete ONG habrían recibido trato de favor de la conselleria de Solidaridad para conseguir proyectos. Todo ello con falsificación de documentos y ocultación de informes, ya que la mayoría no estaban cualificadas. Una vez recibida la ayuda, el dinero se transfería a empresas de Miami y Valencia desde donde se pagaba a los colaboradoras y se intentaba blanquear. A los países donde se destinaba el dinero oficialmente -Senegal, Nicaragua, Perú, Haití o Guinea- llegó una ínfima parte del dinero. El asunto, por tanto, afecta de forma directa a la Generalitat. De los 27 imputados, de hecho, seis fueron cargos en la administración valenciana, como el exdirector general de Cooperación de la Generalitat, Josep Maria Felip; o el exsubsecretario de Sanidad, Alexandre Catalá, ambos relevados de forma fulminante por el jefe del Consell, Alberto Fabra.
¿Qué pasará con Blasco? El diputado está relevado temporalmente de sus funciones como síndic del PP, puesto que ocupa Rafael Maluenda. Y, además, no dimitirá de forma inminente. La dirección regional del PP, en todo caso, ya advirtió de que, si finalmente Rafael Blasco acabara imputado en la trama de Cooperación, actuaría para promover su relevo en las Cortes y sería relegado a los últimos escaños del grupo parlamentario. La decisión judicial pone al diputado del PP contra las cuerdas -todos en las filas populares dan por hecha su imputación- y, además, obliga a Fabra a tomar una decisión urgente sobre el liderazgo de la bancada popular que, incluso, podría acabar afectando directamente al Consell.
