Vecinos y colectivos ciudadanos acusan al equipo de gobierno local de favorecer los intereses privados con el convenio aprobado el lunes para abrir las puertas del vertedero de Fontcalent a 140.000 toneladas anuales de basura de varias comarcas del sur de Valencia. Estos municipios llevan trasladando sus residuos al vertedero alicantino desde primeros de julio y, según se establece en el convenio, por cada tonelada deben abonar 59,4 euros, de los que 21,8 van a parar a las arcas municipales y 37,6 -dos terceras partes- a la empresa concesionaria del servicio, del empresario Enrique Ortiz. En opinión de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) el acuerdo supone "convertir a la ciudad en el vertedero de una gran parte de la Comunidad" y conlleva que "el gran beneficiario de la decisión sea otra vez Ortiz". Ante el hecho de que la concesionaria se lleve la mayor parte de los ingresos que genere la llegada de basuras de fuera, desde este colectivo ciudadano consideran que supone realizar "un traje a medida" del empresario.

Desde la Plataforma también critican que las basuras del sur de Valencia puedan llegar a Fontcalent durante al menos ocho años, como se recoge en un informe del expediente municipal. Al respecto, aluden a la decisión del equipo de gobierno de incluir en el próximo contrato de recogida de residuos que Atención Urbana quiere sacar a licitación a finales de mes que el importe íntegro recaudado por la llegada de basuras de fuera vaya a parar al futuro contratista. La medida, según explicó el edil Andrés Llorens se toma para reducir el importe a desembolsar por las arcas municipales y poder financiar así el servicio. Para Iniciativas Ciudadanas, no obstante, supone "dar carácter definitivo" a la medida de autorizar la llegada de basuras de otros municipios. Una situación que, según afirman desde Salvem Fontcalent, conllevará un aumento de los malos olores y de las molestias para los vecinos de las partidas rurales y de los barrios limítrofes. El presidente de este colectivo, Emilio Rosillo, coincide al opinar que "no se tienen en cuenta los intereses de los vecinos, sólo los particulares.

El PSOE propone que los 6,8 millones que el Ayuntamiento espera que reporte la basura de fuera "se destinen a un plan de empleo juvenil".