Instar al Gobierno de Mariano Rajoy a que no aplique los últimos recortes impuestos en el Real Decreto aprobado el pasado mes de julio. Es el objetivo de la moción que ha elaborado la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia y que han asumido los grupos de izquierdas de algunos municipios de la provincia llevando el escrito a pleno. El primer ayuntamiento que lo aprobó fue Alcoy, después lo hicieron Aspe, Petrer y Alicante. En este último caso con una salvedad, y es que la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista -redactada en base al texto elaborado por la Plataforma- fue rechazada a cambio de unas modificaciones incluidas por el equipo de gobierno del PP.

«Estamos presentando la moción a todos los ayuntamientos de la provincia. Los que han querido la han llevado a pleno para su debate, aunque sí es cierto que encontramos más reticencias en los consistorios gobernados por el PP», explica el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Alicante, Miquel Martorell.

Esta iniciativa parte de una proposición que ha nivel estatal elaboró la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. La Plataforma se sumó a esta campaña y la puso en marcha hace apenas unas semanas en toda la Comunidad Valenciana.

«Lo que pretendemos es que se impliquen todos los partidos sin excepción. La dependencia es problema de todos y debería ser prioritario», asegura Martorell.

Tras los días de vacaciones, hoy mismo retomarán los contactos con los municipios que todavía no han recibido la propuesta. UGT y la Plataforma pretenden que se sumen a la iniciativa los ayuntamientos de El Campello, Sant Joan, Villena, Dénia, Pedreguer, Torrevieja, Crevillent, Novelda, Pego, Xàbia, Polop, Benidorm, L´Alfàs del Pi, Mutxamel, Castalla y Elda.

Los afectados consideran un «engaño» no sólo que el Gobierno central recorte en dependencia sino también que desde la Generalitat Valenciana justifiquen los ajustes como paso para dar prioridad a la asistencia por parte de cuidadores profesionales.

«Desde la Conselleria de Bienestar Social defienden sus medidas como medio para profesionalizar el servicio, algo que no es cierto, lo que quieren hacer es privatizar», lamenta Martorell.

El portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia critica además la decisión del Gobierno de ampliar a dos años el plazo para resolver las ayudas a los afectados, una medida que, según Martorell, hará que miles de dependientes mueran sin atención, ya que tres de cada cuatro beneficiarios superan los 65 años, y el 50 por ciento son mayores de 80.