La Generalitat Valenciana "incumple de forma sistemática" el decreto que aprobó en febrero de 2011 y que establece en seis meses el plazo máximo para dictar y notificar el Programa Individual de Atención (PIA) al dependiente. Así lo explica el Síndic de Greuges, José Cholbi, en un escrito dirigido al Consell tras recibir las quejas presentadas por miles de dependientes en la provincia de Alicante que, cansados de esperar, exigen a la administración que resuelva sus solicitudes.
Desde noviembre de 2009 la administración valenciana no ha tramitado ninguna solicitud del PIA. Las personas reconocidas como dependientes reciben la propuesta del programa de atención, es decir, la relación de servicios que según su grado de dependencia les corresponde, aunque esta asistencia que deberían recibir está paralizada. El decreto fue elaborado por la Generalitat con la intención, precisamente, de mejorar y acelerar el proceso de aplicación de la ley. Ahora, pasado año y medio desde su entrada en vigor, la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia dice sentirse engañada.
"Estamos cansados de andar reclamando algo que debería ser prioritario para el Consell. La resolución del Síndic es un importante varapalo para la administración valenciana. Un toque de atención que esperamos sirva para algo", asegura el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, Miquel Martorell.
Desde que entró en vigor este decreto hace casi año y medio la Conselleria de Bienestar Social no ha resuelto ningún expediente correspondiente a este periodo. Son más de 10.600 las solicitudes pendientes de contestación desde febrero de 2011 en toda la Comunidad Valenciana, 4.000 en la provincia de Alicante.
Esta situación no hace más que engordar la cifra total de peticiones, ya que la Conselleria dejó de resolver estas solicitudes en 2009. Desde entonces se acumulan, según el sindicato UGT, más de 13.000 en toda la provincia. A nivel autonómico la cifra supera las 35.000 solicitudes que esperan que su derecho a la prestación por dependencia se haga efectivo.
En 2011 la Conselleria resolvió 8.000 peticiones en toda la Comunidad correspondientes a los años 2007 y 2008. En lo que llevamos de 2012 se ha dado salida a 6.000 solicitudes que fueron presentadas hasta noviembre de 2009. A partir de esta fecha las tramitaciones de nuevos casos de dependencia quedaron paralizadas. Desde la puesta en marcha de esta ley la Generalitat no ha dejado de acumular casos de personas dependientes sin resolver. La Conselleria no ha logrado, ni siquiera con el decreto de 2011, agilizar los trámites y ponerse al día. Tanto es así que en su escrito, el Síndic alerta de que "existen expedientes presentados desde 2007 hasta 2011 que todavía siguen pendientes de emitir la correspondiente resolución del Programa Individual de Atención y que, por tanto, no han podido acceder al catálogo de prestaciones y servicios previstos por la ley".
Ante esta situación "recomienda" a la Conselleria de Bienestar Social que "establezca un plan de viabilidad para la consecución, con carácter urgente, de los objetivos de mejora diseñados en el decreto con la finalidad de cumplir exhaustivamente con el plazo de seis meses legalmente establecido para la resolución del PIA a las personas en situación de dependencia".
Hasta ahora el Síndic se había pronunciado en varias ocasiones para instar a la Generalitat a asumir los impagos en dependencia. Esta es la primera resolución que emite la institución para pedirle que cumpla su propia normativa.
Afectados moderados siguen a la espera
Desde UGT lamentan que la Conselleria "sólo actúe a base de toques de atención y en el último momento". El sindicato confía que en septiembre se convoque a los dependientes moderados que hay reconocidos en toda la Comunidad y que siguen esperando que la Conselleria les dé una solución.
Aseguran que si los grandes dependientes y los severos sufren retraso en la resolución de sus expedientes y muchos de ellos demoras en las ayudas económicas, son los dependientes moderados los "grandes olvidados". Desde el sindicato lamentan que, mientras en otras comunidades autónomas ya están al día en la tramitación de estos casos, en la valenciana desde que entró la ley en vigor siguen esperando respuesta por parte del Consell.
