La Justicia puede ser lenta, pero también generar cuantiosos ingresos a las arcas públicas en concepto de los intereses que generan los dineros ingresados en cuentas corrientes en concepto de depósitos y consignaciones judiciales. Los asuntos que tramitan los jueces de la provincia suponen que cerca de 130 millones de euros estén ingresados en entidades bancarias, bloqueados hasta que el pleito quede totalmente resuelto. En toda la Comunidad, la cifra asciende más de 325 millones. El dato aparece publicado en el último informe del Consejo General del Poder Judicial, "La Justicia dato a dato", en el que se recogen distintas cifras sobre la situación de los tribunales en España.

Fianzas, indemnizaciones y multas entre otros conceptos que, en muchas ocasiones, se ingresan en cuentas bancarias al inicio del procedimiento para garantizar el pago al afectado en caso en el caso de una hipotética condena. Sin embargo, el movimiento que tienen estos fondos es mínimo. En todas estas cuentas, lo que se movió entre entradas y salidas en la Comunidad Valenciana durante el año pasado apenas sumaban 2,5 millones, lo que la cifra apenas supone un 0,7% del total del dinero. La mayor parte permanece en estas cuentas durante años sin que los litigantes puedan tocarlos antes de que haya una sentencia firme dado el ritmo de resolución de los tribunales.

Precisamente, el pasado julio el Ministerio de Justicia invertía 2,5 millones en el Tribunal Supremo para agilizar la resolución de asuntos con magistrados de refuerzo hasta el mes de diciembre. El ministro Alberto Ruiz Gallardón recordaba entonces que, mientras estos asuntos están pendientes de resolución, el dinero ni fluye al mercado ni genera riqueza. Sin embargo, los intereses de este dinero ya empiezan a ser codiciados por las comunidades autónomas. Fuentes de la Generalitat Valenciana señalaron que desde el año 2010 vienen reclamando este dinero, que pueden suponer una media de 44 millones de euros cada año, entre intereses y tasas recaudadas. Contar con el control de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales generando unos intereses de un 2 por ciento al año puede ser un plato muy jugoso para cualquier administración, sobre todo en estos tiempo de recortes y políticas de austeridad.

"Pagamos el 80 por ciento de los gastos en Justicia, por lo que es lógico que el dinero de los intereses de los asuntos que se tramitan en los juzgados de la Comunidad reviertan en ella", explicaron las mismas fuentes. Una de las ambiciones de la Conselleria de Justicia es poder disponer de estos fondos para financiar el turno de oficio.

En la actualidad, los intereses revierten directamente al Ministerio de Hacienda que lo integra entre sus ingresos y son fondos con los que cuenta para los presupuestos generales del Estado.

La mitad del dinero que los juzgados tienen depositados en bancos corresponde a procedimientos civiles, es decir, precisamente aquellos en los que se acude a la vía judicial para reclamar una cantidad. La actual legislación prevé que, por ejemplo en los casos de accidentes de tráfico, las aseguradoras ingresen en una cuenta al inicio del procedimiento el pago de la indemnización para evitarse el pago de intereses en caso de que sean condenadas. El otro gran bloque de este dinero es la jurisdicción penal, donde la Justicia se nutre tanto de las multas que se imponen en las sentencias, que pueden abonarse a plazos, como de fianzas, que en el caso de las víctimas de estafas sirven para garantizar que las víctimas puedan cobrar. También generan algún ingreso las subasta de los bienes decomisados a grupos de delincuentes. El grueso de todo este dinero está bloqueado y no se puede tocar hasta la sentencia, pero no es así con los intereses.