Cerca de 250 personas, o lo que es lo mismo, una población superior a los habitantes de 78 municipios valencianos, se encuentran imputadas actualmente en casos de corrupción en la Comunidad Valenciana. Las presuntas corruptelas económicas, tributarias y urbanísticas han salpicado a instituciones municipales, provinciales y autonómicas y a sectores como el empresarial o el de los funcionarios públicos. No se han salvado ni las organizaciones no gubernamentales o la Casa Real. En la actualidad, los juzgados valencianos instruyen más de una quincena de casos y el Tribunal Superior de Justicia se prepara para recibir dos sumarios más, además del macroproceso Gürtel.
Sin duda, el caso con más implicados es Brugal, acrónimo de «Basuras Rurales Gestión Alicante», que por su gran volumen ha tenido que desgranarse en tres partes, una de las cuales acabará en el TSJ al solicitar el fiscal la imputación de los diputados del PP Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi por presuntamente haber amañado el Plan General de Alicante para favorecer al poliimputado empresario Enrique Ortiz. En esta pieza separada de Brugal hay 16 imputados a falta de la decisión del alto tribunal sobre Castedo y Alperi.
Otra parte importante de Brugal es la presunta concesión irregular de la recogida de basura en la Vega Baja en la que acabó imputado el expresidente de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoll, y el empresario Ángel Fenoll. En esta causa hay ya 40 imputados, uno de los cuales es el socialista Antonio Amorós. La tercera pata de Brugal llegó hasta Calp y tiene como denominador común a Fenoll. 11 imputados están siendo investigados en esta causa.
Si Brugal tiene a gala ser el caso con más encausados, el escándalo de corrupción de Emarsa es en el que, de momento, más fondos presuntamente se han defraudado. Según el magistrado, al menos 25 millones de dinero de los contribuyentes fueron desviados de la gestión de la depuradora de Pinedo. En este caso están siendo investigados empresarios, políticos del PP y hasta el enfermero Esteban Cuesta, que fue el gerente de la planta entre 2004 y 2010.
En la actualidad, el juez instructor ya ha imputado a 32 personas y el número podría aumentar, así como el volumen de dinero defraudado si la investigación se retrotrae más allá de 2004. El exalcalde de Manises Enrique Crespo ha sido el político de mayor rango que se ha llevado por delante la investigación.
Pero a Emarsa y Brugal no le van a la zaga las dos cajas de ahorros más importantes de la Comunidad Valenciana y el Banco de Valencia. Lo que fuera el tercer sistema financiero en volumen de activos es ahora un enjambre de imputados. 33 en el ya «caso Bankia», 20 en el Banco de Valencia, intervenido por el Estado, y cinco por el agujero de la CAM. En estas investigaciones se ha imputado al expresidente de la Generalitat y de Bancaja José Luis Olivas.
La administración autonómica también se ha visto salpicada por casos de corrupción. En este caso la extinta Conselleria de Solidaridad, la de Turismo y hasta RTVV, en estos dos últimos departamentos por el escándalo Gürtel, donde ya van 30 imputados. El caso del fraude de las ONG podría alcanzar también a otras carteras si la juez instructora continúa la investigación de los contratos que Industria y Bienestar Social dieron al empresario preso Augusto César Tauroni. En esta causa, donde se investiga un presunto fraude de 4,5 millones de euros en ayudas al Tercer Mundo, hay 27 imputados, cinco de ellos funcionarios públicos, y el TSJ lo asumirá si decide imputar al exsíndic del PP en las Cortes Rafael Blasco, como piden la juez, la Fiscalía y hasta la Generalitat. En el «caso Urdangarin», en el que se investigan los pagos de la Generalitat al duque de Palma, hay otros siete excargos públicos o funcionarios imputados.
Las dos causas más longevas respecto a su instrucción son el caso Fabra y el IVEX, que investiga un fraude multimillonario y pagos, entre otros, al cantante Julio Iglesias. Con cuatro imputados cada uno, los instructores llevan más de siete años intentando abrir proceso oral. Un exdirector general continúa fugado, José María Tabares, y el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, nunca dimitió.
Alcaldes y exediles
Algunos ayuntamientos también se han visto salpicados por presunta corrupción. El actual alcalde de Loriguilla continúa imputado por la presunta adjudicación de obras del consistorio a empresas de su propiedad y de su familia.
El exalcalde de Torrevieja y diputado Pedro Hernández Mateo está imputado por delitos de prevaricación y falsedad documental en la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de basuras.
Otros como el exalcalde socialista en Elche Diego Maciá, imputado por tráfico de influencias, o el exalcalde del PP de Polop, Juan Cano, inmerso en la causa del asesinato de su predecesor, también tiene problemas. La exalcaldesa de Redován, Leticia Bas, y el exconcejal de Urbanismo Joaquín Pozuelo están siendo investigados por sobrecostes y el actual alcalde de Montroi, Antonio Polo, y su predecesor Francisco Carrión están inmersos en una causa urbanística.
