La convocatoria de este año para optar a las ayudas para la compra de los libros de texto ha unido a la totalidad de los representantes de padres de alumnos de la provincia contra los postulados de Educación. "La disminución de un 30% del presupuesto, y su aplicación práctica, no va a satisfacer las necesidades de quienes realmente no pueden pagar las desorbitadas cantidades que cuestan los libros", alerta la máxima representante de las familias con alumnos en los centros concertados de la provincia.
Los centros tanto públicos como concertados, a través de sus federaciones Gabriel Miró, Escuela y Familia, y Enric Valor, reclaman a la conselleria un cambio drástico en los requisitos que puntúan para tener acceso a las ayudas para comprar los libros, porque sostienen que las cantidades presupuestadas en función de la renta "no resuelven" las situaciones económicas más perentorias, ni suponen "auténticas ayudas" para el grueso de peticionarios de clase media-baja.
De momento, y gracias a la presión ejercida por las federaciones de padres de alumnos, Educación ya se ha visto forzada a ampliar el plazo de petición de las becas, que inicialmente concluía el próximo miércoles, día 25.
La conselleria ha redactado un comunicado en el que concreta que "ha decidido ampliar el plazo de presentación de solicitudes de ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico e informático del 3 al 14 de septiembre". Tras la vuelta de las vacaciones, los escolares dispondrán de al menos dos semanas más para pedir la beca. De hecho, los representantes de los padres han evidenciado su profundo malestar llegando a considerar, incluso, que el retraso inicial de la conselleria en convocar estas ayudas, -una vez acabado el curso-, se había hecho "conscientemente", como subrayan en la Confederación de padres de alumnos concertados, Concapa.
Nuevas cantidades
La protesta conjunta de los padres contra la escasez de la cuantía máxima de la ayuda para las rentas más bajas, también ha llevado a Educación a aumentar ligeramente la cantidad, de los 105 euros iniciales de la convocatoria de junio a los 125 euros fijados ahora, en julio.
"Un gran número de familias no pueden adquirir los libros porque sus precios son abusivos", insiste Julia María Llopis, presidenta de la federación provincial Educación y Familia, así como de la confederación autonómica de centros concertados, Concapa.
En la misma línea, el presidente de la Fapa Gabriel Miró y de la también confederación de centros públicos, Covapa, Ramón López, critica que se obligue a las familias a presentar una nueva solicitud para pedir las ayudas de libros, cuando el modelo de petición coincide con el utilizado para las becas de comedor y las de transporte. Esta federación pone a su vez el acento en el artículo 27.4 de la Constitución Española sobre la gratuidad de la enseñanza obligatoria, dado que los 125 euros por alumno par comprar libros, cuando la familia no supere los 5.591 euros de renta por cada miembro, no llegan ni de lejos para costear los más de 200 euros que cuestan los libros cada año.
Para rentas per cápita de hasta 7.455 euros la ayuda será de 87,5 euros y si la renta es mayor, 50 euros. "Es preferible que se pague todo el coste a quienes lo necesitan de verdad que dar una miseria a más personas", destaca el presidente de la Fapa Enric Valor.
El uniforme impuesto cuesta más del doble
La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios ha remitido a la comisión de Defensa de la Competencia las quejas que ha recibido las últimas semanas sobre la imposición de al compra del uniforme escolar en determinados comercios. Avacu advierte de que existen centros concertados, donde es obligatorio que los alumnos lleven uniforme, que además mantienen un contrato de venta exclusiva de las prendas con determinados comercios "amparándose en una licencia o patente de fabricación registrada por el logotipo del escudo del centro" y que esto provoca "precios abusivos". La asociación de consumidores puntualiza que este tipo de actuaciones por parte de los colegios "restringe la competencia de mercado, ya que sólo pueden distribuir los uniformes quienes obtienen la concesión de su venta, cuando podrían ser adquiridos a menor precio". Avacu afirma que prendas que alcanzan los 40 euros en comercios obligados se encuentran por 15 euros con "similar o incluso mejor calidad". V. B.
