El soplo de aire fresco que insuflará el Gobierno central al Consell no será gratuito. Ni mucho menos. La Comunidad Valenciana tendrá que hacer frente sí o sí a toda una serie de condiciones para poder percibir los cerca de 3.000 millones de euros que la Generalitat podría solicitar al Ministerio de Hacienda. Al menos, eso recoge el decreto-ley 21/2012, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 13 de julio. El documento impone restricciones severas a las comunidades autónomas y especifica que los fondos se destinarán única y exclusivamente a hacer frente a vencimientos de deuda. Nada más. No se transferirá ni un euro para satisfacer deudas, subvenciones o facturas pendientes, como sí pretende el Consell, por ejemplo, con las farmacias. No obstante, el Ejecutivo autonómico quiere negociar con Madrid para que dé marcha atrás y acepte ampliar las condiciones.
Uno de los aspectos más llamativos del decreto-ley es cómo recuperará el Estado los fondos que adelantará ahora a las comunidades. A diferencia del plan de pago a proveedores -debe reintegrarse en un espacio de 10 años con una carencia de dos-, el Gobierno conseguirá el dinero minorando las transferencias anuales previstas en el actual modelo de financiación. Si todos los partidos con representación en las Cortes (PP, PSPV, Compromís y EUPV) vienen reclamando al Estado durante los últimos años que reconozca los cinco millones de habitantes de la Comunidad y la dote de más fondos, lo que se encontrarán en próximos ejercicios es que esa cantidad se verá menguada. La oposición teme, por tanto, que la nueva ayuda pueda convertirse en pan para hoy, pero hambre para mañana. Lo que no especifica el decreto-ley es el espacio de tiempo en el que se prolongarán esas minoraciones. "Los recursos del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común que se adhieran a este mecanismo responderán de las obligaciones contraídas con el Estado, mediante retención", reza el texto. La infrafinanciación que ha sufrido la Comunidad desde 2002 hasta 2009 ha ascendido a 7.781 millones de euros, según un estudio de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). El doble del dinero que ahora pedirá la Generalitat al Gobierno central.
Exigencias
En cuanto a las medidas restrictivas del decreto-ley, destacan dos. La primera, la imposición de nuevos ajustes. Pese a que el vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, recalcó ayer que este año "no hay previstos" más tijeretazos en la Comunidad, la norma estatal es clara y concisa: las autonomías que se acojan al fondo de liquidez "deben realizar las modificaciones necesarias en su plan de ajuste para garantizar el cumplimiento de los nuevos compromisos que adquieren". Es decir, que tendrán que pegar otro apretón al cinturón. Y ya van... A nadie se le olvida la privatización de la Sanidad, la reducción de profesores interinos, la rebaja de complementos salariales, el aumento de tasas, el acuerdo de no disponibilidad de inversiones, el despido de empleados públicos...
La solicitud de ayuda al Gobierno también irá aparejada de una merma de autonomía financiera. Concretamente, en dos aspectos. Por un lado, porque el Estado supervisará todos los meses un plan de tesorería que se deberá remitir previamente a Madrid para su validación. Y por otro, porque será el Ejecutivo de Mariano Rajoy el que abonará directamente los vencimientos de deuda de la Comunidad: "El Estado, en nombre y por cuenta de la Comunidad Autónoma, gestionará (...) el pago de los vencimientos de deuda pública".
