El pleno del Consell aprobó ayer el proyecto de ley de la nueva Ley Urbanística Valenciana, que absorbe las cinco actuales y dará mayor control al Ejecutivo sobre la redacción de los PGOU. La consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, anunció que espera que el texto salga con el mayor consenso posible, y para ello pedirá la opinión de 200 agentes del sector. Eso sí, la ley mantiene la polémica figura del agente urbanizador, motivo de denuncia en la UE, pero que acabó siendo avalada por los tribunales europeos.
La nueva Ley Urbanística Valenciana tratará de agiliza la tramitación de los planes generales de ordenación urbana (PGOU), que vendrán marcados en sus directrices generales por el Consell, que fijará "unos límites que no se pueden traspasar y que serán asumidos por los ayuntamientos. El proyecto refunde cinco leyes y reduce en un 77% el número de disposiciones normativas, según explicó Bonig.
La futura legislación concederá al municipio la aprobación definitiva del PGOU, pero siempre bajo el control autonómico que asume "el control de legalidad", para lo que la Conselleria elaborará una memoria ambiental y territorial "que será preceptiva y de obligado cumplimiento". El objetivo, según explicó Bonig, es "evitar la duplicidad de competencias, que la tramitación sea ardua y se prolongue en el tiempo. Hay casos en que ha llegado a tardar entre diez y quince años".
