La implacable «tijera» de los recortes sociales y contra las duplicidades en la Administración no llega a determinadas moquetas con gran poder de influencia. La Generalitat, sus empresas y organismos gastan millones en contratar los servicios privados de bufetes de abogados para la elaboración de documentos de naturaleza jurídica o para que les lleven litigios, a pesar de que cuentan con toda un área para ese cometido, la Abogacía General de la Generalitat, con un coste, según los presupuestos autonómicos para este ejercicio, de 7,1 millones de euros y una plantilla de 134 personas, de las que 80 pertenecen al cuerpo de letrados de la Generalitat. Son abogados de la Administración valenciana, con sueldos anuales que oscilan, según las responsabilidades, entre los 45.395 y los 50.505 euros, sin contar trienios.

El Consell ha firmado entre 2005 y 2011 un total de 91 contratos de asistencia jurídica y prestación de servicios profesionales con el despacho dirigido por Manuel Broseta Dupré, hermano del actual número dos de la Conselleria de Economía, Bruno Broseta.

El desembolso en todo este periodo ha sido de 2.427.521 euros. Pero esta es solo una parte. El propio Consell admite que los pagos a Broseta Abogados representan entre el 1% y el 1,5% del coste anual en la contratación de «servicios profesionales independientes» por parte del sector público. Y ello pese a la estructura existente, con un gasto anual de 7,1 millones y casi su totalidad, 6,84 millones, son sueldos; 269.000, funcionamiento; y 28.000, compra de material informático.

La Abogacía de la Generalitat cuenta con dos altos cargos, la secretaria autonómica, Cristina Macías, y el director geneal de la Abogacía, Emilio Torrejón. Por debajo hay 132 personas en nómina, 80 de ellas pertenecientes al cuerpo de letrados de la Generalitat. De éstas, 65 son abogados de la Generalitat –cuatro adscritos a Alicante, dos a Castellón y 59 a Valencia–, con plaza por concurso y sueldo anual de 45.395 euros. Además hay 12 «abogados-coordinadores», uno de ellos para Alicante y el resto, para Castellón, con una retribución de 50.505 euros, nombrados por libre designación. Por debajo del director general hay un director del gabinete de estudios, de Servicios Consultivos y de Servicios Contenciosos.

Desde el Ejecutivo se alegó ayer que, «aunque parezcan muchos [abogados de la Generalitat], son insuficientes ya que hay miles de trámites y papeles que la legislación exige el informe de la Abogacía».