El portavoz municipal de EU, Miguel Ángel Pavón, acusó ayer a Sonia Castedo de "no saber distinguir entre responsabilidad política y penal al intentar justificar su mantenimiento en el cargo de alcaldesa de Alicante en su presunta inocencia".

Pavón señaló que "el hecho de que el juez instructor de la pieza de Brugal, relativa al presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprecie indicios de delito en su actuación, debería haber desencadenado su fulminante dimisión a petición propia, independientemente de lo que el proceso penal finalmente concluya".

El portavoz municipal de EU añadió que "Castedo no puede ignorar su responsabilidad política, ya que la penal se dirimirá en el Tribunal Superior de Justicia" y calificó su negativa a dimitir de "grave irresponsabilidad por el perjuicio que a la imagen de la ciudad está causando que el Ayuntamiento esté presidido por una alcaldesa bajo grave sospecha de corrupción urbanística".

El concejal de EU también calificó de "irresponsable" la actitud tanto de la Consellera de Territorio, Isabel Bonig, como de la Concejala de Urbanismo, Marta García Romeu, cuando afirman que no piensan paralizar la tramitación del Plan General. "Qué más necesitan para paralizar la tramitación del Plan? ¿No consideran suficiente que un juez aprecie indicios de delito ya no sólo en Castedo y Alperi, sino incluso en el propio redactor del Plan?", añadió Pavón, quien anunció la presentación de una iniciativa en el próximo pleno del 27 de julio, para que la petición de imputación para Castedo y Alperi "tenga las consecuencias políticas que merece".

Por su parte, el portavoz municipal de UPyD, Fernando Llopis, manifestó ayer que se había reunido con la alcaldesa, y explicó que "solicitaré su dimisión en el caso de que desde el TSJ le imputen finalmente, ya que es mejor y deseable para el Ayuntamiento y para la ciudad de Alicante que mientras dure la imputación y el proceso judicial la máxima representación institucional recaiga sobre otro edil".

Llopis subrayó que "siempre he rechazado la presencia de imputados en delitos contra la Administración en listas electorales y cargos públicos".